El fraude de las ayudas de la UE afecta a más de 150 empresas en siete provincias

El fraude en la concesión de subvenciones a empresas procedentes de la Unión Europea (UE), destinadas a la creación de puestos de trabajo, afecta más de 150 empresas de todas las provincias andaluzas, excepto Huelva. Algunas de estas empresas ya han devuelto parte del dinero defraudado tras comprobar el alcance de la investigación de la Guardia Civil.

Las ayudas procedían del fondo social europeo que la UE ofrece para la creación de puestos de trabajo. Bruselas aporta el 80% del costo de convertir a un trabajador eventual en fijo y la Junta de Andalucía el 20% restante. El compromiso por parte de la empresa es mantener al trabajador cuatro años en nómina, pero este plazo no fue respetado por muchas empresas, que aprovecharon las subvenciones para cometer un fraude masivo y extendido por toda la comunidad. En ocasiones los trabajadores fueron despedidos tras solo 15 días.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, explicó ayer en Sevilla esta falta de control por parte de la Inspección de Trabajo, descubierta por la Fiscalía Superior y la Guardia Civil. Ambas iniciaron la pasada primavera la investigación. La semana que viene las diferentes fiscalías provinciales presentarán las denuncias ante los juzgados. Las pesquisas se iniciaron en Cádiz, donde una compañía multinacional de telemárketing recibió supuestamente 318.000 euros por contrataciones fraudulentas.

La investigación ha incluido el cruce de datos de las empresas que se beneficiaron de estas ayudas, que superan el centenar, con los de la Seguridad Social, aunque no todas las firmas participaron del fraude destapado. Los agentes de la Guardia Civil descubrieron que los trabajadores en ocasiones fueron despedidos a los seis meses, después de percibir el dinero público, porque fallaron los controles administrativos.

Dejación de funciones

De la investigación se derivan posibles delitos de fraude de subvenciones (cuando la cantidad fue superior a los 120.000 euros) y falsedad, además de irregularidades administrativas. Ahora los jueces determinarán si la dejación de funciones corresponde al Ministerio de Trabajo o a la Junta andaluza.

Conde-Pumpido alabó ayer la investigación de los ERE, de momento en una fase muy inicial, ya que solo existen 12 detenidos por parte de la policía judicial, que aún no han comparecido ante la juez Mercedes Alaya.