El PSOE fija en Guerrero el tope de la responsabilidad en los ERE

El círculo rojo de la responsabilidad política en el caso de los presuntos fraudes en las prejubilaciones de los expedientes de regulación de empleo (ERE) está en la dirección general de Trabajo, ocupada durante nueve años por Javier Guerrero. Y los ex consejeros que lo mantuvieron en el cargo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, no tuvieron responsabilidad alguna en las posibles irregularidades cometidas desde ese centro directivo. Este fue uno de los asuntos abordados en una reunión celebrada el pasado jueves en la sede del PSOE de Andalucía, después de una dura sesión de control en el Parlamento en el que los diputados del PP y de IU reclamaron la cabeza política de los dos exconsejeros. Fernández ya no es aforado y preside el Consejo Regulador del Vino de Jerez, mientras que Viera es secretario general del PSOE de Sevilla, diputado y senador por la comunidad.

El PSOE acusa al PP de "hipocresía" y de buscar la "carnaza mediática"

La reunión estaba convocada desde el pasado lunes y a la misma asistieron los dos exconsejeros, la secretaria de Organización del PSOE, Susana Díaz; la consejera de la Presidencia, Mar Moreno; el portavoz del grupo parlamentario, Mario Jiménez; el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, y el consejero de Economía, Antonio Ávila.Una vez que trascendió la reunión, todas las fuentes consultadas insistieron en aguarla y en enmarcarla como una más de las que se han venido celebrando desde que se expandió el caso de los ERE. El encuentro sólo habría tenido como objetivo el coordinar posiciones, intercambiar información con los antiguos responsables políticos de la Consejería de Empleo y compartir la hoja de ruta con ellos. Las fuentes consultadas negaron que la reunión fuera tensa y dura, aunque Antonio Fernández sí reprochó a la dirección regional su falta de respuesta en este asunto. "Fue seria", apostillaron.

Aunque la cita estaba acordada con antelación, los asistentes no pudieron sustraerse a las insistentes peticiones que momentos antes habían escuchado desde los bancos de la oposición para reclamar la dimisión de Viera. También Arenas pidió a Griñán que "renunciara" a su cargo por no permitir una comisión de investigación parlamentaria.

Según las fuentes consultadas, los asistentes compartieron la idea de que ni Fernández ni Viera tenían responsabilidad política en un asunto que se cocía en un despacho de la Consejería de Empleo y que la firma de ambos no figura en ninguno de los expedientes y procedimientos supuestamente irregulares analizados.

El dique político para el PSOE está en Guerrero y también en el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, quien ha pedido la baja en el partido al conocerse que dos concuñados suyos aparecen como falsos prejubilados, además de otros tres militantes socialistas de Camas (Sevilla) donde era secretario general de la agrupación. Viera, muy abatido por lo ocurrido, ha defendido al que fuera uno de sus hombres de confianza al máximo, hasta que Griñán destituyó a Rivas como delegado, días antes de ser imputado en el caso Mercasevilla.

Los socialistas medio controlan por ahora el tiempo político, son ellos los que están llevando al juzgado no sólo lo que han confirmado como irregularidades, sino cualquier expediente sospechoso, pese a que algunos de ellos entran más en la categoría de chapuza administrativa que otra cosa. Distinto será cuando los fiscales y los jueces aceleren sus investigaciones. Ahí sólo cabrá esperar.

Mientras, los populares han dejado claro que van a seguir haciendo notar su aliento en el cogote de sus adversarios. El PP planteó ayer que en la comisión de Empleo -Manuel Recio dará cuenta de la información que maneja el próximo jueves- comparezcan hasta 50 altos cargos de la Junta, empezando por el expresidente Manuel Chaves. Esta propuesta no saldrá adelante porque la mayoría socialista no la va a apoyar. Los socialistas acusaron ayer al PP de buscar "la carnaza mediática y la confusión". También acusaron a su presidente, Javier Arenas, de hipocresía al pedir la dimisión de Griñán y apoyar la candidatura valenciana de Francisco Camps, imputado por cohecho.