La Junta andaluza envía a la juez 33 nuevos casos de intrusos en los ERE

Prosigue el goteo de intrusos en los expedientes de regulación de empleo (ERE) que contaron con ayudas públicas en Andalucía. La Junta llevó ayer al juzgado 33 nuevos casos de personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas y que sin embargo percibieron pagos fraudulentos. La investigación interna de la Consejería de Empleo ya ha encontrado 70 intrusos en los 35 ERE examinados, de un total de 70 expedientes que se mantienen vivos y por los que la Junta está pagando ayudas públicas.

La investigación del Ejecutivo andaluz está en sus inicios y el escándalo apunta a que se convertirá en una novela por entregas, paralela a la instrucción judicial. De momento solo se han examinado los casos de 1.569 trabajadores, de un total de 6.096 empleados que ahora perciben ayudas públicas. Los 70 intrusos descubiertos representan el 4,4% de los 1.569 empleados analizados. Los nuevos 33 casos irregulares son personas ajenas a las empresas investigadas, y se han hallado tras examinar solo cinco ERE sospechosos. En la primera investigación, la Consejería de Empleo halló 37 intrusos y fraudes en 12 de los 30 expedientes examinados.

Empleo admite que las irregularidades continuaron tras la salida de Guerrero

"Se va a investigar todo", subrayó ayer el consejero de Empleo, Manuel Recio. La Junta ha puesto la lupa sobre los expedientes vivos por ahorro económico, ya que todas las prejubilaciones irregulares que ahora abona podrá interrumpirlas tan pronto el juzgado confirme que son fraudulentas. Pero una vez que concluya el repaso de estos ERE con ayudas en marcha, Empleo analizará también los expedientes muertos, supuestamente todos en los que intervino desde 2001 hasta 2008 el ex director general de Trabajo Javier Guerrero.

Recio confirmó que entre los 33 nuevos intrusos figuran los cinco casos descubiertos en Camas (Sevilla): un exconcejal, dos militantes del PSOE y dos concuñados de Antonio Rivas, exdelegado de Empleo en Sevilla. Sin embargo, rechazó aclarar si hay más miembros del PSOE entre los 33 nuevos intrusos, aunque fuentes de este partido creen que es posible que los haya. El PSOE andaluz está cotejando los nuevos intrusos con su listado de militantes.

El consejero tampoco aclaró a cuántos ERE ha contribuido la Junta en la última década, pese a que destacó la "absoluta transparencia" de su departamento en este escándalo. "La Junta trabaja a toda máquina y no tapa ni esconde nada", insistió.

El consejero defendió la gestión y "honorabilidad" de sus predecesores en el cargo, Antonio Fernández y José Antonio Viera, pese a que Guerrero afirma que les informaba de las decisiones que tomaba. A continuación, Recio recriminó a Guerrero su gestión de manera indirecta: "Es impresentable que alguien se haya aprovechado de estos recursos, haciendo un daño tremendo a los trabajadores, a empresas honestas y a la imagen de Andalucía".

A pesar de las severas críticas a Guerrero, el consejero admitió que las irregularidades en los ERE continuaron tras su salida en abril de 2008. El sucesor de Guerrero como director general de Trabajo de Andalucía fue Juan Márquez, que se mantuvo en el cargo hasta la llegada de Recio, en 2010.

La Junta destinó 647 millones entre 2001 y 2010 a este fondo para empresas en crisis. De este dinero, 87 millones se entregaron en 130 ayudas directas a empresas y 13 Ayuntamientos, que percibieron 3,3 millones. Estas ayudas directas, muchas de las cuales carecieron de estudios de viabilidad de las firmas y control a posteriori, no han sido analizadas por Empleo.

La consejería ha optado por enviarlas directamente a la juez del caso, Mercedes Alaya, para que determine si hubo descontrol. "Los fondos con carácter general están bien administrados", afirmó Recio. Al ser preguntado por los nueve millones que recibió un grupo de empresas vinculadas a un exconcejal socialista, Recio respondió: "Sobre casos particulares no hablo".

La magistrada ha requerido a la Consejería de Empleo "una amplísima petición" de información para aclarar el caso, según confirmó el consejero. Entre las peticiones figura el organigrama de la Consejería de Empleo. "La juez me está pidiendo un listado de cosas todos los días, todo relacionado con el tema (...). No tengo ningún temor y cualquier indicio lo estoy enviando al juzgado", abundó Recio.

Mientras, la Junta estudia emprender nuevas acciones judiciales, dada la velocidad y trascendencia del caso. Al margen de las anomalías detectadas en los ERE, la magistrada analizará con lupa los 87 millones concedidos en ayudas directas.

Mientras, la policía ha detenido esta semana a dos personas más relacionadas con la trama vinculada a los ERE, por lo que ya son 13 los miembros de esta red que fueron puestos en libertad tras su detención.