El presidente de la 'comisión Zambrana' ve trascendencia penal en la operación

La comisión de Juntas Generales de Álava que busca depurar las responsabilidades políticas de la fallida macrorecalificación de terrenos en Zambrana puso ayer un punto y aparte en su trabajo al escuchar a dos propietarios de los terrenos de la operación, y así cierra el capítulo de comparecencias. Su presidente, el popular Javier Ruiz de Arbulo, considera que la información acumulada desde principios de enero permite concluir que "hay trascendencia penal" en la operación. Por ello, si los demás grupos junteros lo estiman oportuno, enviarán sus conclusiones al Juzgado de Instrucción número cuatro de Vitoria que investiga esta y las demás derivadas de la supuesta trama corrupta del caso De Miguel.

La comisión de Juntas concluye la fase de toma de declaraciones

"Tenia una opinión sobre los hechos cuando empezamos la comisión y tengo otra completamente diferente cuando terminan los trabajos y eso es lo que vamos a reflejar en las conclusiones", señaló Ruiz de Arbulo. "Y si los miembros de los otros grupos así lo entienden, como los miembros de la Mesa de Juntas Generales y el pleno, elevaremos nuestras conclusiones al juzgado", añadió.

La investigación judicial, dirigida por el juez Roberto Ramos y el Fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, también incluye Zambrana en sus pesquisas, aunque de momento nadie ha sido imputado por esta derivada de la trama.

Los dos testimonios de ayer tenían poca trascendencia, según explicaron varias fuentes presenciales. Eran dos vecinos de la localidad propietarios de los terrenos que se oponían a la operación desde un principio y han presentado alegaciones a la recalificación final -primero se planteó hacerlo en 120 hectáreas, después fue reducida a la mitad antes de quedarse en una veintena-. En todo caso, ambos han negado que hubiesen sido objeto de presiones políticas para vender sus tierras a Riera Urbanizer, compañía catalana que entró en la operación de la mano de Sidepur, que a su vez fue introducida en el proceso por el ex diputado foral Alfredo De Miguel. También dijeron carecer de información suficiente para juzgar si hubo o no irregularidades.

La comisión trabajará contrarreloj para cerrar sus conclusiones provisionales para la próxima semana. El dictamen final tendrá que ser aprobado antes del 28 de marzo, momento en que las Juntas Generales serán disueltas como paso previo a los comicios forales del 22 de mayo.

Por otro lado, la comisión del Parlamento vasco escuchó el testimonio de dos excargos del Departamento de Cultura durante la pasada legislatura para clarificar el proceso de toma de decisiones en los contratos supuestamente irregulares que el Departamento concedió a empresas como Errexal, Kataia Consulting o Ortzi Muga.

Acudieron Lorea Bilbao, exdirectora de servicios de Cultura, y Edurne Basoa, ex directora de gabinete de la entonces consejera, Miren Azkarate. Todo apunta a que sus testimonios permitieron a los parlamentarios clarificar el proceso de toma de decisiones en materia de contratos menores y negociados, con especial énfasis en los otorgados por la Dirección de Juventud, cuyo ex responsable, Xabier Sánchez Robles está imputado en la causa del caso De Miguel y se ha negado a dar explicaciones de lo ocurrido tanto en sede judicial como ante la comisión parlamentaria. También está imputado el entonces viceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, que atribuyó a Sánchez Robles la responsabilidad de lo ocurrido.

De los testimonios escuchados hasta ahora, parece desprenderse que había cierto descontrol en la Dirección de Juventud en materia de contratos menores, una figura imprescindible para que la administración tenga suficiente flexibilidad a la hora de recurrir a terceros para desempeñar su labor.

Previsiblemente, las conclusiones de la comisión intentarán mejorar los procedimientos existentes para evitar otros casos similares, sin que esto aumente la carga burocrática.