Archivada la querella por injurias contra Orozco

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo, Natalia Paz Domínguez, ha decretado el archivo de una denuncia penal presentada por la Asociación para la Legalidad del Plan Urbanístico de Lugo (Alpul), por injurias contra el alcalde lucense, el socialista José López Orozco, y su delegada de Urbanismo, María Novo. En la parte dispositiva de la resolución se precisa que se procede al archivo de las diligencias previas "por no ser los hechos denunciados constitutivos de infracción penal".

El juzgado instructor había admitido a trámite la querella interpuesta por esta asociación después de que el alcalde hubiera proferido frases como que sus representantes "escupen hacia arriba" o que tratan de "esconder sus vergüenzas", al cuestionar con declaraciones e iniciativas judiciales el PXOM de Lugo, que está pendiente de aprobación definitiva por la Xunta de Galicia.

En los razonamientos jurídicos del archivo, la juez afirma que de las expresiones objeto de la demanda "no cabe deducir el ánimo injurioso de por sí, aun cuando pudiere deducirse de que se está acusando a la asociación de intereses ocultos". La titular del juzgado establece que los hechos denunciados "no pueden ser encuadrados en una infracción penal al haberse constatado que el ánimo que concurre es el defensivo", al haberse producido las declaraciones tras una comparecencia previa ante la prensa de la propia asociación en la que "de forma velada" también se acusaba a los denunciados "de actuaciones ilegales".

Dos causas abiertas

Una vez analizados los hechos, el auto determina que lo dicho por el alcalde, cuyas palabras hizo propias en su día la delegada de Urbanismo, no se puede encuadrar en una infracción penal "al haberse constatado que el ánimo que concurre es el defensivo y no el injuriandi, según resulta tanto del contexto en que las declaraciones han sido emitidas como de las propias declaraciones de los denunciados".

En cuestiones urbanísticas, en los juzgados de Lugo están abiertas dos causas. En la primera no hay imputados, pero sí se establecieron medidas cautelares de paralización de una obra. En las segundas diligencias, instruidas por el mismo juzgado por un presunto delito de prevaricación, tendrá que declarar la delegada de Urbanismo el próximo mes de abril.