El Superior declara nula la rebaja salarial en Seaga

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha vuelto a echar un jarro de agua fría sobre la rebaja salarial que la Xunta aplicó a las empresas públicas. Ayer emitió el tercer fallo en contra de la decisión de la Consellería de Facenda de aplicar la rebaja salarial a los funcionarios en todas las empresas dependientes de la Administración autónoma, aunque no tengan empleados públicos.

Además de una victoria para la plantilla, esta vez también lo es para Comisiones Obreras y CIG, que exigen que se repongan las "condiciones retributivas" que los trabajadores de la firma Servizos Agrarios Galegos (Seaga) disfrutaban antes del 1 de julio de 2010.

Las centrales alegaron que los cambios, "constituyen una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ya que varían el contenido de los acuerdos salariales vigentes en Seaga". Básicamente los mismos argumentos que expusieron en las reclamaciones presentadas anteriormente. Si no hay un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, de poco vale que la Xunta utilice el decreto del Gobierno.

Contra la Constitución

Seaga se opuso a la argumentación sindical asegurando que, al no existir convenio colectivo, debía acatar "el principio de jerarquía normativa", y aplicar la reducción salarial. Finalmente, el TSXG expuso que no acepta los argumentos de la empresa porque, de hacerlo, permitiría afirmar que en ausencia de un convenio colectivo, "la comunidad autónoma es competente para legislar en material laboral, pudiendo alterar las condiciones laborales de dichos trabajadores", lo que es contrario a la Constitución.

Contra la sentencia del TSXG la Xunta puede recurrir al Tribunal Supremo. En Galicia hay 21 sociedades mercantiles dependientes de la Administración, a las que hay que sumar las sociedades anónimas de la radio y la televisión públicas. Sus gastos de personal rondan los 111 millones de euros anuales, lo que quiere decir que los Presupuestos de 2011 deberían consignar 5,5 millones de euros adicionales para hacer frente al 5% descontado indebidamente.

De tener que aplicarse esta doctrina en todas las entidades de derecho público, el impacto económico sería desorbitado. Los sindicatos continuarán la batalla judicial.