El fiscal pide multar con 900.000 euros al ex delegado de Empleo por cohecho

La Fiscalía de Sevilla ha pedido 900.000 euros de multa para el exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, por supuestamente solicitar comisiones ilegales a unos empresarios junto a tres directivos de la sociedad pública Mercasevilla. El fiscal solicita asimismo en su escrito de acusación una suspensión de cargo público durante 21 meses para los cuatro acusados de cohecho, a los que achaca haber pedido 450.000 euros en dinero B para autorizar la construcción de una escuela de hostelería en Sevilla.

Con esta investigación ya concluida se inició el caso Mercasevilla en febrero de 2009 y dos años más tarde ha surgido el fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados por la Consejería de Empleo, derivado de la primera investigación y otras cuatro posteriores. El fiscal expone en su relato de hechos cómo Rivas contactó con el ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet, para exigir 300.000 euros a dos empresarios hoteleros del grupo La Raza a cambio de permitirles gestionar y explotar un centro de formación.

De este modo, Mellet y los ex directivos Daniel Ponce y Regla Pereira acudieron a una reunión con los empresarios para pedirles "una colaboración voluntaria con la Junta de Andalucía" en comisiones ilegales. A los 300.000 euros debían sumar otros 150.000 euros, según exigieron a los empresarios los ex responsables del mercado sevillano de abastos.

El soborno debía concretarse en una segunda reunión con los hoteleros, y en ella los acusados Ponce y Mellet "insistieron en la petición de las cantidades de dinero", prometiéndoles que además obtendrían favores como subvenciones para futuros cursos, la concesión de todos los catering que se organizaran. El problema es que los empresarios grabaron la conversación. Días después trasladaron la cinta a la Junta, que denunció los hechos ante la fiscalía y esta inició la investigación que luego retomó la juez del caso, Mercedes Alaya, tras una denuncia del PP.

La imputación del ex delegado de Empleo generó polémica porque la juez admitió en un auto que solo existen indicios "débiles" en su contra, basados en la declaración policial de Mellet, el principal acusado del caso. El exdirector de Mercasevilla afirmó en su declaración policial que recibió de Rivas dos llamadas para confirmarle la concesión de la subvención y para decirle que tenía que pedirles a los empresarios una "contribución voluntaria" de 300.000 euros para la Junta. El Tribunal Supremo exige que en estos casos haya una "mínima corroboración" de su culpabilidad. Sin embargo, el fiscal del caso considera probada su participación en el supuesto cohecho.

El PP pidió durante meses el cese de Rivas hasta que el alto cargo socialista dimitió el pasado abril. El prolongado acoso surtió efecto antes incluso de que la Audiencia ratificara las graves acusaciones de la juez. La declaración del ex viceconsejero Agustín Barberá y otro alto cargo de Empleo contradijeron detalles del relato de Rivas sobre cómo la Junta denunció a la Fiscalía de Sevilla la grabación que destapó el caso. Ahora la magistrada dará traslado a las partes para los escritos de defensa y tras una fase donde se pueden pedir nuevas cuestiones y pruebas antes de la celebración del juicio en la Audiencia de Sevilla.