Los socialistas piden tres años de cárcel para Camps por cohecho

Los socialistas valencianos, acusación particular en el caso de los trajes, pidieron ayer tres años de cárcel, ocho de inhabilitación y una multa de 46.074 euros para Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, por un delito de cohecho. El escrito de conclusiones presentado por el PSPV-PSOE ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano, que sigue la causa contra Camps y otros tres ex altos cargos del Gobierno y el PP regionales, subraya la coincidencia cronológica entre los regalos que los imputados recibieron de la trama Gürtel y la adjudicación de contratos de la Administración autonómica a empresas de la red que dirigía Francisco Correa.

En 2005, el primer año que los acusados recibieron obsequios, la facturación de Orange Market, la empresa que administraba Álvaro Pérez, El Bigotes, íntimo amigo del presidente valenciano, registró un incremento de más del 1.000%.

Las adjudicaciones a la trama Gürtel y los regalos fueron en paralelo

Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret "recibieron del grupo Correa y a través de Orange Market reiteradamente a lo largo de los años 2005, 2006, 2007 y 2008 diversas prendas de vestir, bien para realizar un acto injusto o arbitrario, bien como recompensa del acto ya realizado, o en consideración a su función", estiman los socialistas.

Esa amplia descripción de los hechos permite al PSPV-PSOE, de acuerdo con la ley, solicitar tres penas alternativas. La ya mencionada (que hace extensiva al resto de imputados). La que corresponde a la modalidad de cohecho pasivo impropio (una multa de 49.500 euros para cada uno). Y la que se deriva de la modalidad de cohecho del artículo 425.1 del Código Penal, que supondría dos años de suspensión de cargo público para los cuatro acusados y, además, una multa de 46.074 euros para Camps; 40.497 para Campos; 21.975 para Costa, y 16.587 para Betoret.

Entre 2005 y 2009, Orange Market obtuvo de la Generalitat, al menos, siete millones de euros en contratos. La mayoría de ellos se adjudicaron a dedo, troceados para eludir la normativa administrativa. Los regalos a los imputados están valorados en más de 40.000 euros.

Cerrado el turno de las acusaciones, solo falta que las defensas presenten sus escritos antes de que el juez José Flors decida si abre o no juicio oral.