Un juez salva 'in extremis' el lujoso complejo Marina Tarraco
El Consistorio permitió la construcción del complejo sin licencia de obras
Una resolución dictada ayer por el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Tarragona abre la vía para salvar in extremis Marina Tarraco, complejo de lujo del puerto tarraconense valorado en 50 millones de euros y sobre el que pendía una orden de derribo dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El nuevo fallo reconoce la legalidad del complejo por primera vez desde que Rafael Pérez, empresario que participó en su construcción, denunció en 2005 que este carecía de permiso de obras como represalia porque los promotores, International Marina Tarragona, se negaron a pagarle unos servicios.La decisión judicial avala ahora la legalidad del centro al estimar las modificaciones urbanísticas y otras actuaciones llevadas a cabo desde 2009 por el Ayuntamiento para tratar de legalizar el complejo. Algunas de estas modificaciones fueron adoptadas tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba el derribo de Marina Tarraco.
El alcalde y el presidente del puerto celebran la resolución judicial
El fallo no es firme pero salvará los 15.000 metros cuadrados que acogen oficinas, restaurantes y establecimientos comerciales si el denunciante no lo recurre, lo que evitaría que la causa acabara otra vez en el TSJC. Para lograrlo, International Marina Tarraco negocia desde diciembre con Pérez para cerrar un pacto extrajudicial que zanje el conflicto y que contemplaría una compensación económica al denunciante, señalan fuentes municipales.
El empresario, que ayer evitó aclarar a este diario si ha pactado algún acuerdo en este sentido, envió un escrito al juzgado el mes pasado notificando que ya "no se opone a la legalización de los edificios". Ello supone que se conforma con una sentencia favorable a sus intereses sin que esta deba comportar la demolición del complejo, derribo que Pérez reclamaba desde que en 2007 la primera sentencia del juzgado consideró probada la ilegalidad del centro.
"Si el denunciante insiste en reclamar el derribo tiene muchos números de que el Tribunal Superior le dé la razón", advirtió José Antonio Sánchez, abogado experto en derecho urbanístico. "El criterio del juzgado contencioso administrativo es correcto, porque derribar todo el complejo puede suponer un perjuicio para terceros", añadió para estimar que la nueva interpretación de la juez responde a que "tendrá cierta seguridad en que el denunciante no pretende recurrir la sentencia".
El alcalde de Tarragona, el socialista Josep Félix Ballesteros, no se refirió a la posible reacción del denunciante pero saludó la sentencia como si fuera definitiva. "La recibimos con mucha satisfacción. Quiero felicitar a nuestros servicios jurídicos", dijo. El presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Josep Andreu la calificó de "una noticia excelente".
Estas celebraciones chocan con las críticas de la juez a un embrollo que ha destapado inexplicables errores burocráticos del gobierno municipal de CiU, en el poder cuando se construyó el complejo inaugurado en 2006, y del PSC, en el Ayuntamiento desde 2007. "Resulta a todas luces reprochable que las Administraciones públicas no hayan actuado de forma diligente y que con su actuación -o, más bien, con la falta de ella- hayan propiciado el presente recurso", subraya la sentencia. El Ayuntamiento de CiU consideró innecesario que el complejo solicitara licencia municipal de obras por entender que este se ceñía al ámbito portuario pese a que un informe municipal ya alertó de que los permisos eran necesarios.
El gobierno socialista tampoco actuó con celeridad hasta que el TSJC reclamó el derribo del complejo: inició los trámites para emitir la licencia de obra a finales de 2009, unos dos años después de la primera sentencia sobre el asunto; aprobó dos modificaciones urbanísticas para legalizar el complejo a lo largo de 2010, y cuando finalmente legalizó los edificios afectados por el posible derribo, no lo notificó al TSJC. "Resulta cuando menos sorprendente que ninguna parte hubiera puesto en conocimiento del Tribunal Superior que se aprobó la legalización de los edificios", concluye la magistrada.
