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Zabaleta ve peligrar las ayudas sociales si no se insta a los perceptores a hallar empleo

Populares y PNV piden al Gobierno que no se precipite con el cambio legal

O se pone coto a la cronificación de las ayudas sociales activando a sus perceptores para que encuentren empleo o resultará complicado sostener el sistema. Este es el argumento más contundente que empleó ayer la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, en su comparecencia en la Cámara para explicar el cambio de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. La modificación resulta imprescindible para que Lanbide gestione la Renta de Garantía de Ingresos y el complemento de vivienda, que hoy en día tramitan entre Ayuntamientos y Diputaciones.

Zabaleta se mostró contundente: "O lo encauzamos por el buen camino o tendremos un extraordinario problema porque no podremos pagar". La consejera recordó que hoy en día "existe un sistema al que los ciudadanos acceden y en el que no hay salida" y puntualizó que esta realidad "no se corresponde con la letra ni la filosofía de la ley".

55.020 personas cobraron el año pasado la Renta de Garantía de Ingresos

En diciembre de 2010, un total de 55.020 percibían en Euskadi la Renta de Garantía, frente a los 48.489 de 2009. De ellos, 35.622 son activables para el empleo -el resto son jubilados que complementan su pensión con la ayuda o personas con discapacidades- o bien son personas que complementan su reducido salario con la ayuda.

La consejera se topó con la prudencia de PP y PNV, que pidieron una transición adecuada e hicieron suyas parte de las reflexiones que la Oficina de Control Económico del Gobierno realizó sobre el proyecto de ley. Esta pide cautela ante un "vuelco radical" de un sistema que se implantó hace "menos de dos años" que se está realizando con "precipitación temporal". Además, y aunque su informe resulta finalmente favorable, la Oficina de Control no encuentra ventajosa la gestión de las ayudas por parte de Lanbide y hace referencia a la inexperiencia de este servicio laboral. La Comisión Jurídica Asesora, por su parte, recuerda de que la Renta de Garantía y el complemento de vivienda no solo se pueden ligar al empleo, porque no son una prestación por desempleo, pero da su visto bueno al texto.

La asociación muncipal Eudel va más allá en sus alegaciones y pide que Lanbide gestione también las Ayudas de Emergencia Social (AES), lo que Zabaleta rechazó argumentando que deben seguir en manos de los Ayuntamientos. Las Diputaciones también critican el proyecto al entender que invade sus competencias. Según la consejera, este cambio simplifica, pues no ve lógico "que el expediente de una persona pase por tres administraciones durante seis meses", en referencia al sistema actual.

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