La Diputación culpa a las empresas de retrasos deliberados "para cobrar más"

Las obras de la autopista AP-1, la Eibar-Vitoria, la infraestructura más importante que afrontaba Euskadi en 2004, con una inversión de 970 millones, de ellos 780 en la parte guipuzcoana, ha pasado ya de los 122 millones que Álava presupuestó aquel año a los casi 190, IVA incluido, a día de hoy. Y puede resultar todavía más onerosa. El coste de la infraestructura, cuyas obras deberían haber acabado en la parte alavesa a mediados de 2007 y se prolongaron hasta agosto de 2008, se halla otra vez cuestionado.

Los técnicos de la Diputación alavesa atribuyeron ayer a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las constructoras FCC, Dragados y Yarritu una estrategia deliberada de retrasos a pie de obra para poder justificar después la demanda de 31 millones de euros que ha interpuesto contra la institución foral. La vista oral de la misma comenzó ayer en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria.

Las constructoras reprochan a la Diputación falta de planificación

"No hay ninguna justificación para el sobreprecio", indica un técnico alavés

Unai Grajales, actual director gerente de Vias de Álava (Viasa), la sociedad foral creada para gestionar la obra y después la infraestructura, también mantuvo esa línea argumental apuntada por sus técnicos en la primera jornada del juicio. Grajales reiteró que no existen razones objetivas para la demanda de las constructoras.

Ya fuera de la sala aseguró que si la sentencia resulta condenatoria y "los alaveses tienen que pagar otra vez", pedirán responsabilidades políticas "a quien hizo las cosas de esta manera", en alusión, sin citarle, al PP, responsable en aquel momento de la Diputación.

La construcción del trazado alavés de la AP-1, un total de 14,5 kilómetros, fue impulsada por el último Ejecutivo foral del popular Ramón Rabanera. La carretera se abrió en su totalidad al tráfico en mayo de 2009, un año después de que Álava concluyese su parte del trazado, tras inaugurarse el último tramo pendiente en Guipúzcoa, entre Mondragón y Eskoriatza.

Los técnicos de la UTE, que afrontó el tramo entre Luko y Arlabán, de 8,3 kilómetros, ratificaron ayer la demanda económica de las empresas que la componen al entender que se produjeron una serie de cambios en las condiciones del contrato que les obligaron a asumir un sobrecoste con respecto a la última adjudicación. Primero acabaron la obra y después intentaron negociar el cobro en los despachos. Después de que una comisión de investigación de las Juntas analizase el desfase presupuestario, los actuales mandatarios de la Diputación se negaron a un acuerdo, y la UTE presentó su demanda.

Ayer comparecieron además como testigos los respectivos jefes de obra de ambas partes. Los técnicos de las constructoras insistieron en que la falta de planificación y detalle del proyecto generó una serie de retrasos y de modificaciones que justifican la demanda. "Se producían continuas modificaciones que la propiedad de la infraestructura no confirmaba hasta el día antes, con lo que era muy difícil planificar", aseguró uno de los técnicos de la UTE. Este profesional atribuyó a la sociedad pública Viasa una indefinición que hacía muy difícil planificar el trabajo y, por lo tanto, ajustarse a los programas y fechas previstos.

El tramo que construyeron estas tres empresas ya se liquidó con una desviación al alza en su precio del 5,5%: las constructoras cobraron 68,8 millones de euros, cuando el contrato se había adjudicado por 65,2 millones. De ganar la demanda las empresas, el coste real de su trabajo se acercaría a los 100 millones, casi el doble del precio de adjudicación. Esos 31 millones de euros suponen la mitad del presupuesto del departamento foral de Obras Públicas. La Diputación ya ha hecho una previsión presupuestaria para endeudarse por esa cantidad en caso de perder el juicio.

Los técnicos forales se mantuvieron muy firmes en sus declaraciones. Txema Gurendez, quien estuvo a cargo de la dirección de obra durante varios meses, aclaró que fue la propia constructora la que intentó introducir diversas modificaciones, que no fueron aceptadas, con la idea de retrasar lo más posible la obra.

Preguntado a qué atribuía la solicitud de tanta modificación en el proyecto respondió: "Entiendo que los retrasos eran premeditados para luego pedir más dinero". Miguel Ángel Ortiz de Landaluce, actual jefe de servicio de Obras Públicas y responsable de los trabajos en otro momento, aseguró que "la obra realizada coincide 100% con el proyecto". Descartó que se produjeran las modificaciones en que las constructoras justifican su demanda, y sostuvo que fueron "adaptaciones" por cambios de normativas y otros casi estéticos, como variaciones en la serigrafía de las señales. "No hay ninguna razón que justifique las reclamaciones económicas de las constructoras", concluyó.