Facenda abrió otra investigación a Unións Agrarias tras acudir el PP al juzgado

El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo implicó a personal de cuatro consellerías en la investigación a Unións Agrarias, después de que la cúpula del PP acusase en junio pasado al sindicato de "sacar por la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros para pagar campañas electorales del PSOE". Además de los investigadores de Traballo y Presidencia, funcionarios de Sanidade y de Facenda se involucraron también en las pesquisas sobre la central agraria.

La titular del juzgado de instrucción número 1 de Santiago ha citado hoy a declarar en calidad de imputados al director general de Promoción do Emprego, Andres Hermida Trastoy, y al de Avaliación e Reforma Administrativa, Jaime Bouzada Romero, por el modo en que se ordenó y se llevó a cabo esa investigación. La decisión judicial tiene su raíz en una querella de Unións Agrarias que atribuye a la Xunta desviación de poder, un tipo de prevaricación administrativa.

Traballo certificó por escrito en octubre que la investigación seguía en marcha

El caso parte de una querella anterior que el PP presentó en Corcubión contra el alcalde socialista de Muxía, Félix Porto, también imputado, al que acusa de utilizar para las municipales de 2007 en Buenos Aires a una trabajadora del sindicato, donde entonces Porto tenía responsabilidades. Justo doce días después de que el PP ampliase esa denuncia, Facenda abrió un procedimiento de control financiero contra el sindicato y varias entidades afines que todavía no ha dado resultados.Lo que sigue es la cronología del expediente abierto por la Xunta a Unións Agraria: el 7 de junio de 2010, coincidiendo con el inicio de un juicio por corrupción a dos ediles del PP de Gondomar finalmente condenados, la dirección de este partido encabezada por su secretario general, Alfonso Rueda, y su portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, extendía el supuesto fraude en las subvenciones a Unións Agrarias a los ejercicios 2008, 2009 y 2010. El punto de partida de su denuncia era la confesión de una trabajadora de Unions Agrarias, que dijo haber hecho campaña para el PSOE de Muxía en las municipales de 2007, pese a estar contratada por Unións Agrarias.

La orden se la habría dado el entonces candidato socialista de Muxía y hoy alcalde, Félix Porto, imputado por este caso. Tras señalar que 28 asociaciones vinculadas a Unións Agrarias habían percibido ayudas de la Xunta para contratar personal con cargo al fondo de cooperación que subvencionó en esos años a 300 colectivos, la dirección del PP denunció una "trama agraria para beneficiar al PSOE". No aportó ni una sola pista más, pero se ganó unos titulares de prensa que, según reconoció el director general de Promoción de Emprego, Andres Hermida Trastoy, en la documentación enviada al juez, llevó a su departamento a abrir ese mismo día, el 7 de junio, una investigación sobre el sindicato.

En ella participó personal de Traballo y de la Consellería de Presidencia del mismo Alfonso Rueda, que aireó, como secretario general, las denuncias desde la sede del PP. Solo tres semanas después, el 30 de junio, los populares ampliaron la querella presentada contra el alcalde socialista de Muxía en Corcubión. Pese a la petición que Unións Agrarias formuló a la Xunta el 9 de julio para que se frenase el expediente administrativo, tal y como establece la ley para asuntos que están judicializados, Traballo continuó con su investigación.

Y la Consellería de Facenda inició otra paralela de control financiero sobre las cuentas de Unións Agrarias. Según consta en la documentación que maneja este diario (en la imagen se reproduce el documento oficial de Facenda), la Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, adscrita al departamento de Marta Fernández Currás, puso a trabajar al equipo auditor el 12 de julio de 2010, semana y media después de que el PP ampliase su denuncia. Ni Traballo ni Facenda han ofrecido ocho meses después ningún dato sobre el resultado de sus indagaciones.

La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, aseguró ayer que "sobre ese tema la Xunta poco más tiene que decir porque el procedimiento administrativo queda condicionado desde que hay un proceso judicial abierto. Mientras uno de ellos no termine, que será el judicial, el otro no va a continuar".

Pese a sus palabras, el departamento que dirige siguió practicando pruebas sobre la supuesta trama entre junio y noviembre pasado. El pasado 21 de octubre, la jefa de servicio de programas de cooperación de su consellería, Silvia Cortiñas Fernández, admitía en un documento con sello oficial que ambas pesquisas, la de Facenda y la de Traballo, estaban coordinadas y seguían su trámite. Así lo comunicó a varias asociaciones en el siguiente escrito: "Por lo que respecta al estado de tramitación del procedimiento, se informa que en la actualidad desde la Intervención Xeral se están terminando los trabajos de control realizados por el equipo auditor, que en ejecución del Plan de Control Financiero de 2010, realizaron sobre su entidad".

Pese a las palabras de Mato, su departamento siguió recabando información de las entidades fiscalizadas entre junio, en que se judicializó el caso, y diciembre, según consta en varios documentos oficiales. Horas después de la comparecencia de la conselleira, un portavoz oficial dijo a este periódico que el expediente se paralizó el pasado enero.