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Facua lleva al fiscal los pagarés de Nueva Rumasa

Los afectados comienzan a asociarse para reclamar

El conflicto desatado por la situación preconcursal de Nueva Rumasa comienza a dirigirse a los tribunales. La organización de consumidores Facua ha pedido a la Fiscalía Provincial de Badajoz que abra diligencias previas para determinar si Carnes y Conservas Españolas (Carcesa), con domicilio social en Mérida, estafó a los inversores que adquirieron los pagarés que emitió en 2009 utilizando su dinero para cancelar créditos y prestar dinero a otras empresas de Nueva Rumasa, en lugar de para adquirir empresas, como figuraba en el folleto informativo de los títulos.

Bajo ese objetivo, Carcesa logró captar algo más de 70 millones de euros en 2009 en pagarés, que prometían un interés anual del 8% y un plazo de vencimiento de un año. Pero durante todo el ejercicio, la propietaria de las marcas Apis y Fruco únicamente compró una empresa, Quesería Menorquina, que figura con un valor contable de 1,7 millones de euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

UGT pide la intervención del Gobierno madrileño para salvar Clesa

No obstante, Carcesa aprovechó esos fondos para reducir su deuda con varias entidades financieras, sobre todo a corto plazo, que pasó de 28,9 a 18,7 millones de euros entre el cierre de 2008 y el de 2009, y prestar 124,3 millones a otras empresas del grupo, como lo indica en su informe la firma de auditoría Garrido Auditores.

Mientras avanza la situación preconcursal, varios suscriptores de las emisiones de pagarés y participaciones sociales de Nueva Rumasa han comenzado a contactar con despachos de abogados para solicitar información sobre su situación, y es muy posible que se constituyan plataformas de afectados como ya sucediera en los casos de Afinsa y Fórum Filatélico.

Santiago Viciano, socio de V Asociados, ha recibido entre 100 y 200 consultas de inversores de toda España, sobre todo de suscriptores de las dos primeras emisiones, y ha comenzado a fijar reuniones con algunos de ellos. El despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero ya está trabajando con una plataforma, denominada "Plataforma de afectados Nueva Rumasa", que dice representar a unas 800 personas. Iure Abogados también ha creado un grupo de trabajo para asesorar a los inversores en las compañías de la familia Ruiz-Mateos.

La acción sindical también echa a andar. UGT considera que el Gobierno regional madrileño debe intervenir para salvar Clesa "con fondos recuperables" y, en concreto, a los 570 trabajadores que se emplean en la fábrica que tiene la compañía en la avenida del Cardenal Herrera Oria, según el secretario regional de la Federación Agroalimentaria de UGT-Madrid, Alfonso Juguera. UGT ha denunciado irregularidades contables en la empresa lechera.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de febrero de 2011