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La deuda triplica al patrimonio neto en las grandes firmas de Nueva Rumasa

Los principales negocios del grupo empresarial apenas generan efectivo

La situación patrimonial de Nueva Rumasa continúa siendo una gran incógnita ante el incumplimiento de la promesa del grupo de elaborar unas cuentas consolidadas y someterlas a la auditoría de una firma de prestigio. Sin embargo, los datos disponibles dan una impresión muy diferente de la que señala la familia Ruiz-Mateos. Las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil por las empresas que se han acogido a la ley concursal muestran que sus deudas financieras triplican su patrimonio neto y representan más de 50 veces el flujo de efectivo generado por sus actividades de explotación.

Las firmas Carcesa, Clesa, Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista (Garvey), Quesería Menorquina, Nuevos Hoteles Agrupados, Rayo Vallecano, Chocolates Elgorriaga e Hibramer sumaban unas deudas financieras de 524 millones de euros frente a un patrimonio neto de 159 millones, según sus propias cuentas. La documentación corresponde en la mayoría de los casos a 2009 y en algunos a 2008, es decir, antes de que la crisis económica terminase de golpear con toda su crudeza.

La mayor parte de las obligaciones del grupo está en manos de bancos

Las valoraciones de Ruiz-Mateos no están sujetas al control regulatorio

La mayor parte de esa deuda lo era con entidades de crédito (285 millones de euros), mientras que el resto son otros pasivos financieros, entre ellos 70 millones en pagarés emitidos por Carcesa y colocados entre inversores particulares. La cifra no incluye las deudas con proveedores, Hacienda o la Seguridad Social. La familia Ruiz-Mateos ha cifrado la deuda bancaria total de las empresas de Nueva Rumasa en 700 millones y la deuda con proveedores en otros 300 millones. Por el contrario, mantiene la opacidad y apenas hace pública información actualizada sobre el estado de su grupo ni de sus empresas.

Las cuentas depositadas en el Registro suponen, por tanto, una fotografía incompleta (son una parte de Nueva Rumasa) y algo desfasada que, con todo, permite sacar algunas conclusiones importantes. Por ejemplo, que los principales negocios del grupo apenas generaban caja y que en algunas de las empresas como Carcesa (Apis, Fruco), Dhul o Queserías Menorquina el flujo de efectivo de las actividades de explotación era negativo. Esos problemas de tesorería ayudan a explicar que la familia Ruiz-Mateos destinase a otros fines el dinero que pedía a los inversores para hacer compras, como reveló EL PAÍS el pasado viernes.

Las empresas analizadas muestran, por tanto, un alto endeudamiento tanto en relación con su patrimonio neto, como con su flujo de caja de explotación, lo opuesto a lo que vende Nueva Rumasa. La familia Ruiz-Mateos, sin desglosar la información ni publicar las cuentas e informes correspondientes, cifra la valoración del patrimonio neto del grupo en 5.000 millones. Se entiende que en este caso no se habla del patrimonio neto contable sino que ha usado valoraciones externas. El problema es que en algún caso las premisas se han incumplido y hasta sus autores se han desmarcado del uso que los propietarios de Nueva Rumasa hacen de sus informes.

Es curioso que en febrero de 2009, cuando empezó a colocar pagarés entre inversores, Nueva Rumasa se presentaba como "uno de los grupos empresariales más importantes de nuestro país con una valoración patrimonial neta de 3.000 millones de euros". En solo dos años, pese a la dureza de la crisis económica y la depreciación de sus activos inmobiliarios, Nueva Rumasa ha inflado un 66% hasta 5.000 millones (curiosamente, de nuevo una cifra muy redonda) esa valoración que ahora, como entonces, no está sujeta a ninguna auditoría, control regulatorio o escrutinio público. Es, más bien, cuestión de fe.

Pese a que no tienen en teoría preferencia, lo lógico es que Nueva Rumasa intente dar prioridad, en la medida de lo posible, al pago de los pagarés. De lo contrario, sus gestores correrían el riesgo de ser acusados de un delito de estafa, castigado hasta con seis años de cárcel, si se demuestra que hubo engaño punible para lograr que los inversores les confiasen el dinero, bien por el destino dado al dinero, bien por la cuantificación del patrimonio o bien por la promesa incumplida de someter a auditoría unas cuentas consolidadas del grupo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 21 de febrero de 2011