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FACUA pide a la Fiscalía que investigue a Nueva Rumasa por un delito de estafa

La organización denuncia un presunto delito en la emisión de pagarés de Carcesa al engañar sobre el destino del dinero.- Gobierno y sindicatos se reunirán esta semana para analizar la situación de las empresas en preconcurso

FACUA-Consumidores en Acción solicitará hoy a la Fiscalía que investigue si una de las empresas de la familia Ruiz Mateos, Carnes y Conservas Españolas (Carcesa), ha incurrido en un delito de estafa en la emisión de pagarés supuestamente destinados a la compra de nuevas compañías ya que, tal y como ha publicado EL PAÍS, ocultó cuál iba a ser el destino final del dinero recaudado. Carcesa es una de las diez empresas de la familia Ruiz Mateos que han solicitado el preconcurso de acreedores para negociar un plan de pagos durante cuatro meses y evitar ser declarada en suspensión de pagos.

FACUA ha anunciado que pedirá a la Fiscalía Provincial de Badajoz que abra diligencias previas para determinar si Carcesa, con domicilio social en Mérida, estafó a los inversores que adquirieron los pagarés que emitió en 2009 utilizando su dinero para cancelar créditos y prestar dinero a otras empresas de Nueva Rumasa. "Los fondos obtenidos por la emisión de pagarés se emplearán en la adquisición de empresas, teniendo en este momento en estudio la compra de varias sociedades que representan auténticas oportunidades de negocio", aseguraba el folleto informativo de emisión de pagarés entregado a quienes confiaron su dinero a Carcesa, donde aparecía como responsable su apoderado general, Alvaro Ruiz-Mateos Rivero.

Los pagarés prometían un interés anual del 8 % y un plazo de vencimiento de un año desde la fecha de su publicación en los medios de comunicación el 23 de febrero de 2009. Según sus cuentas anuales, depositadas en el Registro Mercantil, Carcesa logró captar algo más de 70 millones de euros en pagarés en 2009.

Pero durante todo el ejercicio, la propietaria de las marcas Apis y Fruco únicamente compró una empresa, Quesería Menorquina, que figura con un valor contable de 1,7 millones de euros, según la información obtenida por FACUA en los medios de comunicación. Durante ese año, Carcesa aprovechó para reducir con varias entidades financieras su deuda, sobre todo a corto plazo, que pasó de 28,9 a 18,7 millones de euros entre el cierre de 2008 y el de 2009, y prestar 124,3 millones a otras empresas del grupo, como lo indica en su informe la firma de auditoría Garrido Auditores.

FACUA espera que la Fiscalía investigue si hubo engaño punible para lograr que los inversores confiasen su dinero a Carcesa y otras empresas de Nueva Rumasa, tanto por el destino dado al dinero como por la cuantificación del patrimonio. La organización también reclama un cambio legal para que ofertas como las de los pagarés de las empresas de la familia Ruiz Mateos no sigan escapando de la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Reunión Gobierno y sindicatos

Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino tiene previsto celebrar esta semana una reunión con representantes sindicales para abordar la situación derivada de la entrada en fase preconcursal de diez empresas pertenecientes a Nueva Rumasa, que suman más de 4.000 empleos, según informaron en fuentes de la Federación Agroalimentaria de UGT.

En el encuentro, que contará previsiblemente con la presencia de la directora general de Industria y Mercados Alimentarios, Isabel Bombal, se tratará la situación de los trabajadores de estas empresas, que además sufren desde hace meses retrasos en el cobro de sus salarios.

De las diez empresas que han solicitado el preconcurso, ocho pertenecen al sector agroalimentario (Clesa, Dhul, Elgorriaga, Trapa, Garvey, Quesería Menorquina, Cecesa e Hibramer), con una plantilla superior a los 3.000 trabajadores. A estos habría que sumar los 1.100 empleados de la división hotelera Hotasa y la plantilla del club Rayo Vallecano.

UGT ha asegurado que las empresas de Nueva Rumasa "hace ya dos años que se retrasan en los pagos a empleados y a proveedores, lo que suponía falta de materia prima para las fábricas que implicaba el bloqueo de la producción". En este sentido, las federaciones agroalimentarias de UGT y CC OO estudian personarse en los procesos abiertos por Nueva Rumasa al amparo de la Ley Concursal, para que los trabajadores cobren los salarios atrasados.

La familia Ruiz-Mateos anunció el pasado jueves esta medida, después de que el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar, advirtiera de que se habían dado muchas oportunidades a Nueva Rumasa para regularizar su situación y confirmara que se había ordenado embargos preventivos de bienes propiedad de sociedades de la familia.

Las diez empresas que se han acogido al procedimiento de negociación de la Ley concentran gran parte del endeudamiento financiero del grupo, que, según datos de Nueva Rumasa, asciende a 700 millones de euros. La deuda con proveedores sería de otros 300 millones.