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La segunda crisis del grupo de la abeja

Ruiz-Mateos acumula una deuda de 45 millones con la Seguridad Social

Sus empresas dejaron de pagar las cotizaciones empresariales hace casi un año

La lista de acreedores de Nueva Rumasa reserva una posición destacada para la Seguridad Social. En marzo de 2010 el grupo de la familia Ruiz-Mateos dejó de pagar al instituto público y desde entonces ha acumulado una deuda de casi 45 millones, apuntan fuentes gubernamentales. Esta cantidad se sumaría a los más de 700 millones de deuda financiera o a los más de 100 millones que ha captado entre inversores en sucesivas emisiones de pagarés.

En concreto, la deuda de las empresas que integran Nueva Rumasa se debe al impago de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. El grupo sí que habría satisfecho la parte correspondiente a las cuotas que se deduce del sueldo de los trabajadores, no hacerlo supone un delito de apropiación indebida.

Para evitar que cualquiera de los acreedores instara un concurso necesario (obligatorio), el pasado jueves Nueva Rumasa anunció que 10 empresas del grupo se acogían a un periodo preconcursal por el que se abre un plazo de tres meses para negociar ellos. Si al final estas firmas acudieran a un concurso de acreedores, la prioridad en el cobro la tienen, en primer lugar, los préstamos con garantía hipotecaria. Inmediatamente después cobrarían los trabajadores y la Seguridad Social. Por último, bonistas y créditos sin garantía.

El pasado miércoles -después de que EL PAÍS publicara que Nueva Rumasa acumula 76 millones en impagos a la banca-, el director general de la Tesorería de la Seguridad Social, Javier Aibar, advirtió al conglomerado empresarial que si seguía incumpliendo con los pagos y saltándose los aplazamientos concedidos dictaría más embargos. Además, Aibar admitía que el instituto público ya había dictado varios embargos contra activos de compañías Nueva Rumasa, como la láctea Clesa.

A la hora de dictar aplazamientos o embargos, la Seguridad Social tiene en cuenta que la empresa deudora pueda ser viable o no. "Hay que analizar caso por caso", explican desde el entorno del Gobierno en referencia a cada una de las empresas del grupo .

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 19 de febrero de 2011