El Gobierno ha hecho todo lo posible, según Salgado

Gobierno, sindicatos, partidos de oposición, organizaciones de consumidores, trabajadores, expertos en derecho e inversores se hicieron eco ayer de la conmoción provocada por Nueva Rumasa al solicitar proceso preconcursal para una decena de empresas del grupo.

Por parte del Gobierno, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, sostuvo que el Ejecutivo "hizo todo lo que estaba en su mano para prevenir a los inversores sobre los riesgos de invertir en Nueva Rumasa". Recordó también que se modificó la legislación para que emisiones como las que ofrecía el grupo de Ruiz-Mateos se realizaran a través de un intermediario financiero.

El PP, a través del diputado Jaime García-Legaz, cuestionó la actitud del Gobierno y de la CNMV y destacó que ha habido "dejadez y un punto de negligencia" en la vigilancia de las emisiones de Nueva Rumasa.

Alarmados por las posibles consecuencias para el empleo, los sindicatos UGT y CC OO anunciaron que estudian personar en el procedimiento previsto por la Ley Concursal. CC OO subrayó que la situación es "preocupante y alarmante" y que puede afectar "a un gran número de empresas y a más de 5.000 trabajadores, además del impacto indirecto".

Los salarios primero

UGT, por su parte, remarcó que su prioridad es garantizar el cobro de los salarios. El sindicato quiere que cualquier acuerdo al que llegue Nueva Rumasa con sus acreedores "lleve implícito el mantenimiento de la actividad y del empleo". UGT adelantó también que solicitará la suspensión de la negociación del expediente de regulación de empleo temporal de Clesa, "hasta que no se aclare la realidad del sector".

Precisamente desde el sector, la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) aseguró que intentará facilitar, en la medida de lo posible, la continuidad de la actividad y los empleos en las empresas de Nueva Rumasa.

Las organizaciones de consumidores (Ceaccu) destacaron por su parte que la crisis de Nueva Rumasa ha puesto "una vez más" en evidencia la "desprotección" y la "deficiente" formación financiera que tienen los "pequeños ahorradores". Facua reclamó un cambio legal para que ofertas como las de los pagarés del grupo Ruiz-Mateos "no sigan escapando de la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores". También la Xunta de Galicia -comunidad en la que opera Clesa- valoró la situación y recordó que la situación preconcursal no supone el fin de la empresa.