Pugna política por el ERE de Riotinto

La semana pasada el PP intentó responsabilizar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) porque era consejero de Economía cuando se produjeron. La consejera de Presidencia de la Junta, María del Mar Moreno, advirtió el pasado domingo de que ese argumento es peligroso porque el presidente del PP, Javier Arenas, era ministro de Trabajo entre 1996 y 1999 y no utilizó la inspección.

Ayer el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, se unió a este argumento al apuntar que en uno de los expedientes cuestionados, el referido a la minería en Riotinto, participó el Ministerio cuando gobernaba el PP, por lo que van a revisarlo. No obstante precisó que, "si hubiera algo que revisar y esclarecer presuntas irregularidades, no sería una decisión administrativa, sino de los tribunales". "Cualquier revisión de prestación pública en el ámbito de las pensiones no lo puede hacer la Seguridad Social ni el Ministerio, sino que serán los tribunales de lo Social los que decidan", indicó.

El acta final de la comisión técnica para aplicar el estatuto del minero y el listado de trabajadores presentado por los sindicatos y que aprobaba las certificaciones correspondientes para Minas de Riotinto se elevó en febrero de 2003 para su aprobación al Delegado del Gobierno en Andalucía por aquel entonces, Juan Ignacio Zoido, hoy candidato del PP a la alcaldía de Sevilla. En junio de ese año la Inspección de Trabajo determinó los coeficientes reductores de la edad de jubilación de los trabajadores junto al Instituto Nacional de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, en función de la aplicación del estatuto del minero.

Esta comprobación de los puestos de trabajo para determinar las personas que se podían prejubilar en las minas ha sido motivo de conflicto la semana pasada entre PP y PSOE. En 2003, mientras que la Junta se comprometió al pago del 50% de las pólizas de las prejubilaciones junto al ministerio, la elección de las personas prejubilables fue una competencia estatal. Finalmente en diciembre de 2003 el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, concedió las ayudas extraordinarias destinadas al pago del convenio especial y a financiar el plan de prejubilaciones.

"Los ERE llevan aparejados en ocasiones el reconocimiento de prestaciones, desempleo, jubilación o pensiones, donde no solo decide la comunidad a quién afecta el expediente y cuál es el contenido del mismo, sino que también la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo tienen competencias en ese sentido para reconocer esas prestaciones, remachó el ministro Gómez.