Álava declara hoy en el juicio por los 31 millones que le reclaman de la AP-1

El director gerente de Vías de Álava, la sociedad foral encargada de la gestión de la AP-1, la Eibar-Vitoria, Unai Grajales, declarará hoy en el juzgado de Instrucción número dos de Vitoria, en la primera jornada del juicio por los 31 millones de euros que le reclaman las tres empresas constructoras de uno de los tramos de esa infraestructura.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Dragados y Yarritu demandó a la institución foral el pasado junio al entender que se habían producido cambios en las condiciones de adjudicación del contrato que les obligaron a afrontar un sobrecoste de 31 millones.

Grajales reiterará en su declaración que el actual equipo de Gobierno formado por el PNV se encontró con la obra en su fase final de ejecución y que ha tenido que hacer frente a los desajustes sobre las previsiones iniciales, que entonces superaban los 40 millones y ahora se sitúan en los 60. El pasado mes la Diputación pagó a otra UTE tres millones según la sentencia dictada por el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio.

La Diputación tiene enfrente en la causa a las principales constructoras

Grajales tendrá delante a los letrados de las principales constructoras de España. FCC es el segundo grupo de España por cifra de negocio, y Dragados es la principal empresa de obras del primero, ACS.

La construcción del trazado alavés de la autopista AP-1, un total de 14,5 kilómetros, fue impulsada por el último Ejecutivo foral del popular Ramón Rabanera (entre 2003 y 2007). La carretera se abrió en su totalidad al tráfico en mayo de 2010, casi un año después de que Álava concluyese su parte del trazado, tras inaugurarse el último tramo que quedaba pendiente en Guipúzcoa (entre Mondragón y Eskoriatza).

La UTE, que realizó el tramo de Luko a Arlabán, de 8,3 kilómetros, entiende que se ha producido un cambio en las condiciones del contrato y una desviación de precios al alza que supone una diferencia de 31 millones de euros entre el coste real de las obras y la última cifra licitada por la Diputación.

El cargo se lo endosan a la institución foral, a través de su promotora Vias. El tramo que construyeron estas tres empresas ya se liquidó con una desviación al alza en su precio del 5,5%: cobraron 68,8 millones de euros, cuando el contrato se había adjudicado por 65,2 millones. La demanda de las constructoras implicaría que el coste real de su trabajo ha llegado casi a los 100 millones de euros, un 53,3% por encima del precio de adjudicación.

Los técnicos de la Diputación sostienen que la reclamación de la UTE "no tiene ninguna justificación", por lo que no han autorizado el pago de la citada cantidad. La discrepancia, que primero se materializó en los despachos forales, llegó en junio a los tribunales. Los aumentos de precio han marcado, junto a diversas incidencias, toda la construcción de la AP-1, la obra pública más ambiciosa de los últimos tiempos en Euskadi -a excepción del TAV- en la que se han invertido 964 millones de euros (780 millones pagados por la Diputación de Guipúzcoa y los otros 184 por la alavesa). Para el tramo alavés, el precio subió de los 122 millones de euros iniciales a 133,3 y ahora ya se estima en 184, casi 62 más.

Con todo, el coste real de los 14,5 kilómetros de la AP-1 en Álava aún no se conocen exactamente, y dependerá de dos resoluciones judiciales. A la reclamación de FCC, Dragados y Yarritu se suma la que ya sentenció el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio alavesa a favor de otra UTE formada por Ferrovial (la tercera constructora de España), Lanbide y Copalsa.

Estas tres últimas empresas, que realizaron el otro tramo del trazado alavés, entre Echávarri Viña y Luko, de 6,2 kilómetros de longitud, firmaron la adjudicación por 26,3 millones de euros, pero la liquidación final ascendió a 29,2 millones, un 11% más. Ahora reclaman cobrar ocho millones adicionales.

Si el juzgado falla a favor de la demanda de las constructoras, la Diputación se enfrentará a un grave problema económico. La cantidad demandada supone en torno al 50% del presupuesto total del departamento de Obras Públicas.