Más justicia gratuita
El Gobierno redobla su inversión, pese a la crisis, para agilizar la atención jurídica a las personas sin recursos
La crisis no solo afecta a los presupuestos de las instituciones. También a las personas sin recursos. Por este motivo, el Gobierno vasco tiene previsto redoblar este año su inversión en justicia gratuita pese al recorte generalizado de las cuentas. En total, el Ejecutivo prevé destinar 14,6 millones de euros para satisfacer la asistencia jurídica de los más necesitados, un 20% más de lo reservado en 2010. "Es momento de atender prioridades y hemos considerado que otras necesidades son menos perentorias", argumenta la viceconsejera de Justicia, María Victoria Cinto.
La apuesta presupuestaria se suma a la redacción del nuevo decreto que regulará en adelante la prestación de la justicia gratuita en Euskadi. El actual data de 1996 y está "obsoleto". El Gobierno ha dado ya la orden de tramitar el documento, cuya entrada en vigor, una vez superada la fase de alegaciones técnica, se prevé a comienzos de 2012. "Es un decreto y no se ha sometido a negociación con los agentes implicados, pero durante más de un año nos hemos reunido con los colegios de abogados y procuradores para escuchar sus aportaciones", explica la viceconsejera.
El Ejecutivo ha redactado un nuevo decreto para regular la prestación
El texto incrementa la dotación de abogados y facilita su libre elección
El nuevo decreto incrementa hasta 41 el número de letrados en el turno de guardia, lo que permitirá agilizar la atención a los ciudadanos y la tramitación de actuaciones. Se prevén reducir así los tiempos de espera. Hasta ahora han sido los colegios territoriales los encargados de habilitar los abogados necesarios, aunque con una oferta más escasa que se ha revelado "insuficiente" en no pocas ocasiones. El aumento de la litigiosidad, además, amenazaba con la saturación del servicio. El pasado año se tramitaron casi 14.000 expedientes, 3.500 más que cuatro años antes.
No es la única novedad. El decreto, ya redactado, contempla la libre elección de abogado por parte de los beneficiarios del servicio, al que se pueden acoger las unidades familiares sin grandes bienes materiales y cuyos ingresos anuales se mantengan por debajo de 30.000 euros. Cinto confiesa, sin embargo, que se trata de una experiencia novedosa en la que el Ejecutivo carece de experiencia, lo que obligará a fijar "límites". Se mantiene, asimismo, la posibilidad de los letrados de rechazar a determinados clientes, aunque siempre en el marco de unas cláusulas muy estrictas que deberán verificar, además, los respectivos colegios.
Otro de los cambios consistirá en el refuerzo de la formación de los letrados del turno de oficio. Con el doble objetivo de contar con "los mejores" profesionales y actualizar sus conocimientos. Se trata de un aspecto en el que pretende incidir Justicia ante las modificaciones del nuevo Código Penal y la complejidad añadida de las directivas comunitarias.
El Gobierno optimizará también su supervisión de unos procedimientos que hasta ahora controlaban de una forma más autónoma los colegios profesionales. La modificación exigirá la adaptación de los letrados y procuradores a un nuevo sistema informático. A cambio, el Ejecutivo renovará la financiación de estos servicios. Ya no los sufragará en función de las actuaciones prestadas y sus gastos, sino que adelantará a los colegios una cantidad estimada en función del número de abogados correspondientes al turno de guardia. "Todo el mundo tiene derecho a reclamar más, pero van a ser las retribuciones más altas de España", defiende la viceconsejera.
Los letrados, a la espera
La renovación del decreto que regula la prestación de la justicia gratuita generó de inicio suspicacias entre los abogados, que lo interpretaron como una "intromisión" del Gobierno en sus tareas. Las sucesivas reuniones del Ejecutivo con los colegios profesionales han limado asperezas, aunque estos últimos confían en modificar ciertos aspectos de un documento que el Ejecutivo, en cambio, da por "cerrado".
"Las conversaciones no han terminado. Persisten algunas disfunciones que tenemos que despejar a lo largo del año", asegura el decano del Colegio de Abogados de Vizcaya, Nazario Oleaga. A su juicio, "no tiene sentido que haya siempre 41 letrados de guardia". Sobre todo, porque no representan el único estamento judicial implicado en la asistencia jurídica a las personas sin recursos. "De nada sirve si luego tienen que esperar todos de brazos cruzados porque no hay jueces suficientes o trabajan menos horas", considera.
Oleaga asegura que la sintonía con la consejería es "absoluta", pero insiste en el acercamiento de posturas, ya que la relevancia recae, en su opinión, sobre los colegios profesionales. "Los gobiernos y sus proyectos cambian con el tiempo. Nosotros, en cambio, somos para siempre", advierte.
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