Tiempos de encuentro

De un tiempo a esta parte las relaciones entre los agentes sociales y el Gobierno gozan de buena salud. Han tenido que cambiar varios interlocutores para que esto se produzca y que, evidentemente, también se hayan flexibilizado las posturas. Pero los contactos entre el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez; los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, y los presidentes de las patronales CEOE y CEPYME, Juan Rosell y Jesús Terciado, son ya tan habituales que empieza a ser noticia que no se vean. Lo contrario de lo que ocurría hace solo unos meses, en los que el mero hecho de intercambiar una conversación telefónica se convertía en novedad para los noticieros.

El nombramiento de Gómez en sustitución de Celestino Corbacho coincidió casi temporalmente con la elección de Rosell como presidente de la patronal CEOE en lugar de Gerardo Díaz Ferrán. Es una coincidencia, pero lo mejor es que ambos han llevado el desafío de arreglar una situación enquistada al terreno del entendimiento con la complicidad de los sindicatos. A Rosell, además, hay que atribuirle la capacidad de enderezar el aparato de la patronal hacia posiciones más abiertas al diálogo. Porque el aparato -encabezado por su secretario general, José María Lacasa- lo forman los mismos que estaban antes con Díaz Ferrán, quien, por cierto, empezó con muy buena sintonía con el Gobierno para luego cambiar. Parece que Rosell, al menos de momento, ha conseguido cambiar la deriva.

La buena sintonía se reflejó en el acuerdo sobre pensiones firmado entre sindicatos y el Ejecutivo y al que, posteriormente, se adhirió la patronal. Ese pacto, en el que todos se comieron algunos sapos (en palabras de Méndez), significó un triunfo parcial que será completo si se suman los grupos parlamentarios y especialmente el PP e IU, que por una u otra razón están menos por la labor que los grupos vasco y catalán.

A estos se les ha tenido muy en cuenta a la hora de elaborar el decreto ley sobre las políticas activas de empleo que el Consejo de Ministros aprobó el viernes. Sin ir más lejos, en la descentralización de los propios servicios y en las bonificaciones, que han sido transferidas a las comunidades autónomas. Precisamente y como consecuencia de ese diálogo permanente, el ministerio ha tenido en cuenta algunas sugerencias hechas por los agentes sociales, aunque eso no quiere decir que también haya discrepancias. Por ejemplo, la que advirtieron los sindicatos de que las oficinas públicas de empleo reciban sanciones si no atienden debidamente al parado.

La temperatura de las relaciones se reflejará en su medida, no obstante, en la negociación colectiva en la que patronal y sindicatos están enfrascados para cumplir el plazo del 19 de marzo. Es un plazo corto para todo lo que hay que negociar; y si no se ponen de acuerdo el Gobierno debe legislar unilateralmente, según el texto de la reforma laboral. Sin embargo, todo indica que la fecha tope no será obstáculo si es solo por cuestión de días. El ministro está al tanto de la evolución de los encuentros de los representantes sindicales y la patronal. La discusión se centra en la flexibilización y la ultraactividad (vigencia de un convenio más allá del tiempo por el que ha firmado); pero la clave es que las dos partes están por construir y no al contrario.

Después de la Negociación Colectiva está otro asunto de calado, el fondo a la austriaca, que es una especie de fondo de pensiones en el que la empresa va acumulando dinero para cuando el trabajador sea despedido o se jubile. Pero si cambia de empresa el trabajador se lleva el fondo consigo. En España se estudiará algo parecido por una comisión de seis expertos (dos de Trabajo, dos de la patronal y dos de los sindicatos) que todavía no se ha constituido. La comisión debe decidir la fórmula exacta antes de junio. La incógnita radica en cómo debe financiarse, porque ni patronal ni sindicatos quieren que aumenten las cotizaciones. Lo más lógico sería que se hiciera a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), pero se avecinan problemas de ajuste para que no se dispare el gasto. En todo caso, entre que se apruebe y pase los trámites parlamentarios, corre peligro de que no entre en vigor esta legislatura.

Esa circunstancia va en contra de la voluntad de Gómez, que ha apuntado que si las negociaciones se adelantan también puede adelantarse la mejora. Según los datos que maneja, el primer semestre seguirá siendo muy duro y destruyéndose empleo, todavía y fundamentalmente en la construcción. Pero, para el segundo, la tendencia cambiará, la construcción se habrá estabilizado en torno a 1,3 millones de empleos, y tirarán los otros sectores industriales para generar empleo.