Camps usa TV3 para tapar su caso, sostiene ACPV

- La Generalitat catalana pide al Consell sentido común - El cierre genera un alud de críticas y ciberataques

Acció Cultural del País Valencià (ACPV), la entidad promotora de los repetidores que han permitido ver TV3 en territorio valenciano durante 26 años, responsabilizó ayer directamente al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, del cese de las emisiones. El alto importe de las multas que le había impuesto el Consell (127.000 euros ya pagados más 600.000 que Acció Cultural debe abonar antes del 20 de marzo) y la amenaza de una sucesión de nuevas sanciones (120.000 euros al mes, con carácter indefinido) llevaron a la entidad a apagar los repetidores el jueves por la noche. Todos los canales de la televisión pública catalana desaparecieron al instante de los televisores valencianos.

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Las críticas llovieron sobre el Consell desde el interior de la comunidad autónoma y desde partidos e instituciones del ámbito lingüístico catalán. La Generalitat catalana pidió a Camps "sentido común" para solucionar el conflicto, mientras que las webs del Consell y el PP regional sufrieron ataques atribuidos al grupo de ciberactivistas Anonymous.

Acompañado por representantes del PSPV-PSOE, Esquerra Unida, Bloc, Compromís y otros partidos, de los sindicatos CC OO, UGT e Intersindical Valenciana, y de asociaciones cívicas como Escola Valencia, Ca Revolta y la Societat Coral El Micalet, Eliseu Climent, presidente de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), vinculó el apagón con los problemas judiciales de Camps: "Uno de los motivos fundamentales es utilizar el cierre de TV3 como pantalla frente a las acusaciones que pesan sobre su persona como imputado en un caso relacionado con la trama Gürtel".

El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, hizo un llamamiento a la búsqueda de una solución razonable: "Se ha de encontrar una manera estable de compartir las televisiones en la era de la globalización. Se tiene que conseguir que todas las televisiones sostenidas con fondos públicos se puedan ver. No se trata solamente de reciprocidad, sino de multireciprocidad". Casi todas las demás declaraciones fueron más subidas de tono: "El cierre de TV3 es el auto de fe inquisitorial definitivo del PP" (Marga Sanz, EU). "Es un hecho lamentable y un indicador del estado de la democracia en este territorio, donde el PP gobierna como en una dictadura" (Enric Morera, Compromís). "Constituye una agresión a la pluralidad informativa y a la libertad de expresión" (Intersindical). "Es una vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos" (La Unió de Periodistes).

La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, justificó el cese de las emisiones señalando que "no se ajustaban a la legalidad". "No se trata de un cierre ni de una censura", dijo, antes de atribuir al Ejecutivo la responsabilidad de lo ocurrido por no haber concedido al Consell un tercer multiplex, la condición que fijó para firmar un acuerdo de reciprocidad con Cataluña. Sánchez de León añadió que la auténtica censura la había sufrido la web de la Generalitat, objeto de un ciberataque que calificó de "casi terrorista".

Francesc Homs, portavoz de la Generalitat catalana, vio motivaciones electorales (faltan tres meses para los comicios autonómicos y locales) detrás de la ofensiva contra TV3 y adelantó que el Govern que preside Artur Mas no entrará en ninguna clase de "politiquerío". Homs, que se mostró partidario de la reciprocidad entre las señales de TV3 en suelo valenciano y Canal 9 en Cataluña, cargó parte de la responsabilidad al Ejecutivo y al PSOE por frenar una iniciativa parlamentaria al respecto.

El presidente de ACPV explicó durante su comparecencia que el Gobierno de Camps "ha modificado arbitraria y expresamente la legislación valenciana para poder forzar el cierre de TV3". El Consell utilizó la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, aprobada el 27 de diciembre, para elevar la cuantía de las sanciones en materia audiovisual y para introducir el carácter reiterativo de las multas: mientras los repetidores ofrecieran la señal de TV3, Canal 33 y 3/24, ACPV sería multada cada mes con 120.000 euros. Algo inasumible, admitió Climent, porque los 600.000 euros que ya están obligados a pagar coloca al borde del embargo todas las cuentas, subvenciones y propiedades de ACPV, incluido el edificio del Octubre Centre de Cultura Contemporània.

Climent censuró que el Consell niegue a los valencianos una televisión en su lengua, pidió al PP que sustituyera a Camps como candidato a la Generalitat y adelantó que a pesar del apagón ACPV seguirá trabajando para que pueda verse TV3, porque la larga disputa jurídica de fondo todavía no se ha cerrado. El Tribunal Supremo aún debe pronunciarse y, si fuera necesario, añadió Climent, la entidad acudirá a "otras instancias europeas".

Sobre la firma

Ignacio Zafra

Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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