El juez del 'caso Tellería' rechaza que el Ejecutivo se persone como acusación
El juez Roberto Ramos, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, ha rechazado la petición del Gobierno de personarse como acusación particular en la causa abierta por la supuesta trama de espionaje del caso Tellería. En un auto fechado el pasado 3 de febrero, el juez explica que "no alcanza a comprender" en calidad de qué el Ejecutivo podría personarse como ofendido, ya que los delitos investigados son revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documento público.
El magistrado considera que la petición "carece por el momento" de fundamento. Además, recuerda que el Ejecutivo podría ser responsable civil subsidiario por el daño moral frente a terceros afectados por la supuesta trama de espionaje, teniendo en cuenta que dos agentes de la Ertzaintza están imputados, junto al exdirigente del PNV alavés Aitor Tellería. El Gobierno puede recurrir el fallo.
El juez recuerda que el Gobierno podría ser responsable civil
La investigación de la supuesta trama de espionaje generó tensiones entre los responsables de las pesquisas, el juez Ramos y el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, y el Departamento de Interior. En un principio, el juzgado no entendió por qué se encargó a un exjefe de los imputados las indagaciones sobre la identidad de los agentes que podrían haber facilitado información a Tellería y le apartaron de la investigación. A su vez, la Ertzaintza se mostró reticente a facilitar información de carácter reservado, argumentando que gran parte del primer tramo de la investigación terminó siendo reflejada en la prensa, a pesar de que el secreto de sumario seguía entonces en vigor.
Por otro lado, el juez ha citado para el próximo lunes a declarar, dentro de la investigación paralela de la supuesta trama de corrupción del caso De Miguel, a una familiar de la secretaria del exdiputado foral alavés Alfredo de Miguel. Dicha familia vendió a varios de los imputados, junto a otros militantes peneuvistas, unos terrenos en Fruniz en una operación que se financió con un crédito concedido por Enginergy, una empresa participada por el grupo Riera. Esta firma catalana también era accionista de Riera Urbanizer, que gastó cinco millones de euros en unos terrenos que supuestamente iban a ser recalificados en Zambrana.
