El Gobierno deberá fijar este año medidas para víctimas policiales

Todos los grupos del Parlamento han alcanzado un acuerdo para emplazar al Gobierno a que este mismo año regule por decreto las primeras medidas para resarcir a las que se ha dado en llamar "otras víctimas de violencia de motivación política". Bajo esa denominación se engloban personas que hayan sufrido vulneraciones de derechos humanos causadas por agentes distintos al terrorismo. En su mayor parte, se trata de víctimas de excesos policiales y también en su mayoría se produjeron durante los años setenta y ochenta.

Pese a la existencia del acuerdo, ni el PP ni UPyD prestaron ayer su firma a la iniciativa que lo contiene y que se debatirá y votará en pleno. La razón fue, según explicó el portavoz popular, Leopoldo Barreda, el desacuerdo con uno de sus puntos, el que establece la constitución de una ponencia específica para hacer el seguimiento de los acuerdos sobre esas víctimas. El resto de los partidos hicieron votos para que los populares se incorporen en el tiempo que mediará hasta la votación de la iniciativa.

El Ejecutivo tendrá que fijar las ayudas y los requisitos para acceder a ellas

Aralar considera el acuerdo "el más importante" de la actual legislatura

El PP considera que existe riesgo de "manipulación política" y del establecimiento de "paralelismos" respecto del grupo permanente de la Cámara que se ocupa de las víctimas del terrorismo. El portavoz socialistas, Jesús Loza, desechó esa posibilidad: precisamente habría quedado desactivada al constituir una ponencia diferenciada. Loza lamentó que el acuerdo sea por ahora "mayoritario, pero no unánime" y se mostró confiado: "En el camino nos vamos a encontrar", dijo. La del PP es, en todo caso, una reserva que ese partido ya expresó en diciembre, cuando el Gobierno presentó en la comisión de Derechos Humanos el informe con las recomendaciones y compromisos básicos, que son también los contenidos en la iniciativa registrada ayer. Ayer Barreda anunció que el PP la enmendará, y eludió adelantar si, ante la segura constitución del grupo de trabajo, puesto que cuenta con el apoyo de 61 de los 75 integrantes de la Cámara, sus parlamentarios participarán en él.

El portavoz popular se ocupó él mismo de quitar hierro a la ausencia del PP, cuyo apoyo al resarcimiento también a esas otras víctimas dejó expreso. "No hay ninguna discrepancia nueva", dijo, al tiempo que afirmó que la decisión de no firmar con el resto de grupos la iniciativa -la suscribieron el PNV, el PSE-EE, Aralar, EA y EB- no tendrá "ningún impacto" sobre el pacto que sostiene al Gobierno. "Sí compartimos la necesidad de que el Gobierno actúe y confiamos en encontrar un espacio para el acuerdo", subrayó.

El texto consensuado, que pone por delante "el rechazo a la justificación del terrorismo por la existencia de un conflicto previo" y advierte de que no admite "equiparaciones", insta al Gobierno a constituir de modo inmediato una oficina "o espacio institucional" que se ocupe del diseño, la ejecución y el seguimiento de las políticas para estas víctimas y la dote de los recursos y la estructura que sean precisos.

El segundo emplazamiento al Ejecutivo le obligará a poner en marcha "medidas y actuaciones destinadas al reconocimiento" de estas víctimas.

El texto pide también medidas para reparar el sufrimiento que padecieron, fijando las ayudas a que puedan adquirir derecho, los criterios para solicitarlas y la dotación presupuestaria correspondiente, así como instaurar "un mecanismo accesible y cercano de contacto" con quienes podrían entrar en esta consideración de víctimas, usando para "la información que sobre las mismas existe ya en el Gobierno". Sin citarlo, esta alusión se refiere a un informe realizado por la dirección de Derechos Humanos a cargo de EA en el anterior Gobierno, que incluye un listado de dos centenares de personas. El Gobierno tendrá que comparecer en cada período de sesiones para dar cuenta de sus avaNce. El último punto del acuerdo, el de la discrepancia de PP y UPyD, establece la creación de la ponencia. Los grupos que la apoyan han descartado de antemano llamar a los afectados a prestar testimonio ante la misma. Muchas de esas personas "ya han sido contactadas dos veces", dijo Loza, que consideró "cruel incluso" volverlas a someter a la narración de los circunstancias padecidas.

Aralar, el grupo que se ha empeñado con más énfasis en esta cuestión, consideró el de ayer "el acuerdo más importante y más trasversal de este mandato". Para la escisión de la izquierda abertzale, haber enarbolado con éxito la bandera de este reconocimiento parlamentario y del Gobierno un triunfo importante de su apuesta adelantada en 10 años respecto a la otra parte de ese sector político. El abordaje de la cuestión en territorio institucional priva a la izquierda abertzale ilegalizada de lo que podría haber sido una importante baza de agitación, justificación de su historia de amparo a ETA y equiparación de violencias.