Propuesta sobre los precios de la teleasistencia

El Parlamento aprobó ayer una iniciativa del PP sobre la teleasistencia que pretende garantizar el acceso a este servicio, más complejo desde este año, y evitar que los ciudadanos que ya lo utilizan deban pagar más o que el precio se convierta en un elemento disuasorio de su uso.

La Cámara mostró así sus exigencias a Asuntos Sociales, que asumió la competencia en enero pasado, con una resolución que pide mantener el actual nivel de copago por este servicio que abonan quienes ya disfrutan de él, en su mayoría ancianos y discapacitados, salvo si cambia su nivel de recursos y, por tanto, la cuantía a pagar. La consejería ha optado por abrir una fase de transición en la que las tres Diputaciones y el Ayuntamiento de Vitoria siguen gestionando este servicio con recursos del Ejecutivo. En las otras dos capitales depende de la respectiva institución foral. No será hasta el próximo julio cuando el departamento lo asuma por completo gracias a un sistema conjunto con Sanidad a través de la plataforma Osarean.

La Cámara pide un protocolo de actuación para los accidentes laborales

El Parlamento también solicita a la consejería un plan de actuación para organizar un sistema homogéneo de teleasistencia, que deberá seguir siendo de pago "eliminando todos los aspectos disuasorios que puedan frenar el acceso" al mismo. Igualmente reclama que se compense a las Diputaciones y al consistorio vitoriano el gasto que les está suponiendo.

La Cámara también aprobó una resolución, firmada por PNV y PSE y respaldada por una amplia mayoría, por la que se insta a elaborar, antes del verano, "un protocolo orientativo de pautas de actuación" de las empresas con las familias de los trabajador que sufran un accidente laboral. Las pautas deberán fijarse en colaboración con Osalan, sindicatos y patronales.

El Legislativo rechazó la propuesta de EA y EB de organizar un homenaje a las mujeres y niños presos en la cárcel de Saturraran durante la posguerra, así como establecer un acto anual en su recuerdo. El texto finalmente aprobado, que respaldaron PSE y PP, se limita a lamentar el sufrimiento de estas personas y apoyar la memoria histórica.

Todos los parlamentarios aprobaron mostrar a los Ayuntamientos su "apoyo a que se garantice la posibilidad de celebración de funerales civiles de forma digna, como servicio público en todos los municipios". La propuesta de EB de que el Gobierno elabore una normativa al respecto fue rechazada, ya que no es competente para ello.