Los cambios que establecerá la nueva ley

El consejero de Economía, Carlos Aguirre explicó a los representantes del PNV con los que se reunió los cambios que el Gobierno piensa incluir en la nueva ley de cajas. El anteproyecto, a cuyas líneas generales tuvo acceso EL PAÍS, busca impulsar la profesionalización de los órganos de gobierno de las entidades y la consiguiente despolitización de la gestión. Para ello, reduce la representación de las administraciones públicas e impide que dichos órganos estén ocupados por cargos políticos electos, así como por altos cargos de cualquier Administración o entidad del sector público vinculada o dependiente.

Los criterios de incompatibilidad reducirán la influencia política sobre las cajas y contribuirán al prestigio y profesionalidad de su gestión. La futura ley exigirá una especial calificación al menos a la mitad del Consejo de Administración y establecerá mayorías de dos tercios para las decisiones fundamentales y los cambios en la naturaleza jurídica, como modificación de estatutos o fusiones.

Los órganos de gobierno de las cajas -Asamblea, Consejo y Comisión de Control- contarán con dos nuevas comisiones: una de Retribuciones y Nombramientos y otra de Obra Social. Se dará representación al Parlamento y a las Juntas Generales, que tendrán que elegir a profesionales de reconocido prestigio, y también a entidades como el CES o las Cámaras de Comercio.

El porcentaje de representación de las administraciones públicas baja así del 50% al 40%, mientras los impositores suben hasta el 47%. Las corporaciones municipales (ahora con el 30%) bajarán al 17% y las entidades fundadores, que hoy tienen el 20%, pasarán al 12%. Los empleados conservan su 7%, las entidades representativas de intereses colectivos tendrán el 6%, otro tanto las Juntas, y el Parlamento el 5%.

Esta pluralidad restará presencia de más a los partidos. Ahora, por ejemplo, el PNV, con el 38% de los votos en Vizcaya, controla el 58% de la asamblea de BBK y prácticamente el 100% de su Consejo de Administración.