Ryanair acusa a la Generalitat de "mantener ilegalmente" Spanair

Ryanair contraatacó ayer ante el aluvión de críticas que ha recibido tras anunciar que cancela 18 destinos en el aeropuerto de Girona y disminuye la frecuencia de otras 17 rutas. Acusó a la Generalitat de preferir "mantener ilegalmente una aerolínea como Spanair" en lugar de "tener interés en el crecimiento del turismo y del empleo al que Ryanair se ha comprometido".

"Las subvenciones [a Spanair], que ahora suman 70 millones de euros, no están disponibles para cualquier otra compañía aérea y no están supeditadas a un crecimiento", lamentó el vicepresidente de Ryanair, Michael Cawley, a través de un comunicado. "La diferencia entre una subvención y un crédito se entiende perfectamente. El crédito se tiene que devolver", respondió el director de Transporte y Movilidad, Ricard Font, que trasladó ayer a un representante de Ryanair la intención de negociar.

El Gobierno insiste en que no es igual un crédito que una subvención

Pero la aerolínea no parece dispuesta a cambiar de opinión. En su comunicado hecho público ayer mantiene que existe un "acuerdo firmado" con el anterior Gobierno que contaba con el "beneplácito" del actual Ejecutivo de Artur Mas. Este garantizaba 7,5 millones para la compañía, a los que se sumaban otros cuatro, fruto de la reducción de las tasas previstas por AENA, por mantener cuatro millones de pasajeros anuales hasta 2016. La Generalitat quiere revisar las condiciones una vez que se apruebe el presupuesto de 2011, porque es más caro que el firmado en 2008, y con menores compromisos de viajeros.

El secretario de Territorio y Movilidad, Damià Calvet, sostuvo que todavía hay tiempo para negociar con Ryanair porque existe un convenio vigente hasta 2011. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Calvet reclamó además al Gobierno central el traspaso de los aeropuertos de Girona y Reus. A su entender, una gestión independiente podría evitar casos como el de Ryanair.

Por otra parte, los sindicatos de CC OO y UGT exigieron a la Generalitat un esfuerzo para alcanzar un acuerdo. Ambos consideran imprescindible mantener los puestos de trabajo, que UGT cifra en una pérdida de más de 1.000 empleos directos.