Interior se plantea ayudar a quienes huyeron de Euskadi por miedo a ETA

El consejero de Interior, Rodolfo Ares, y la directora de Atención a Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, se plantean llenar un flanco descubierto en la atención a ese colectivo: el de quienes abandonaron Euskadi por causa de la amenaza de ETA, los que ayer llamaron "exiliados". Se trata de un grupo considerable de personas para el que no han existido ayudas de ningún tipo: ni económicas, aunque tuvieron que afrontar cuantiosos gastos y los perjuicios de un traslado domiciliario, incluida a veces la pérdida de un negocio o trabajo, o los ocasionados en desplazamientos a ellos y sus familias para reunirse, ni de apoyo psicológico o demostración de apoyo político o social.

Cuantificar su número será uno de los objetivos del estudio que el Gobierno impulsará, aunque no el más importante, según Ares, y que precederá a la adopción de decisiones y medidas. El consejero consideró más importante que conocer su número, al que cree que no será posible más que una aproximación, realizar un estudio sobre sus demandas y necesidades.

Ares y Lasa expusieron ayer ante la ponencia que realiza el seguimiento de la atención a las víctimas en el Parlamento sus planes al respecto, una vez que la perspectiva de fin del terrorismo parece haber alentado a integrantes de ese colectivo a interesarse por sus posibilidades de regresar. El Gobierno buscará el modo de ofrecerles facilidades. Antes de nada, el estudio será presentado al Parlamento, pero Ares y Lasa avanzaron que abarcará aspectos como el acceso a la vivienda, el trabajo o una consideración especial respecto de los requisitos de dos años de empadronamiento y residencia en un municipio vasco a la hora de ejercer el derecho a las prestaciones sociales.

Consejero y directora dieron cuenta después de la reunión de la ponencia en los pasillos del parlamento de su deseo de que las medidas que se adopten para ese nuevo grupo de damnificados por el terrorismo, no atendido hasta ahora, vayan respaldadas, como las existentes hasta ahora, por el "máximo consenso político" entre todos los grupos, de los que el Gobierno aceptará sugerencias. "Es una cuestión que hay que abordar con rigor y serenidad", se comprometió Ares. El consejero pidió que no se generen expectativas que luego no vaya a poder cubrirse.

Lasa dio cuenta de las consultas que la Dirección de Víctimas ha recibido de personas "que en su día se marcharon por el acoso y las amenazas directas de ETA" y ahora "se han dirigido" a ellos "y plantean su posible regreso". El catálogo de medidas específicas que termine por acordarse se integrará en el sistema de asistencia existente ya. El estudio se realizará con la colaboración de la UPV.

UPyD mostró cierto recelo hacia la iniciativa. Su parlamentario, Gorka Maneiro, pidió más explicaciones sobre una propuesta que consideró "bondadosa y bienintencionada", pero en la que vio "el problema de que puede crear falsas expectativas", toda vez que ETA no ha desaparecido aún. Maneiro recordó en un comunicado la denuncia de su partido sobre "el éxodo masivo" que atribuye no sólo a la existencia de ETA sino "al clima social generado por la presión nacionalista" y afirmó que sigue produciéndose.