La Xunta avala al jefe de Urbanismo que trabajó para 14 constructoras

La ética no debe ir "más allá" de la ley de incompatibilidades, alega el Gobierno

Al día siguiente de poner fin a su primera etapa en la Xunta, en enero de 2004, el ahora jefe territorial de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en Pontevedra fichó para una empresa a la que adjudicó obras, en su calidad de delegado provincial de las consellerías de Medio Ambiente y de Agricultura. Antes de recorrer al menos 13 sociedades relacionadas con Sedesa, grupo que aparece implicado en el sumario del caso Gürtel por presunta financiación ilegal del Partido Popular, José Luis Díez Yáñez fichó por Ploder Uicesa, también tocada por las ramificaciones de la Gürtel. A ella adjudicó al menos dos contratos: el primero, en octubre de 1987, y el segundo, en septiembre de 2001 y en UTE con Audeca, por 64,92 y 25,38 millones de pesetas, respectivamente.

Díez Yáñez trabajó en Ploder, también con vínculos con el 'caso Gürtel'
Su reingreso en la Xunta se produjo sin reconocimiento de incompatibilidad

Díez Yáñez dejó la Administración autonómica el 14 de enero de 2004, después de haber pasado por dos delegaciones provinciales y por la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. El 15 de enero, fichó por Ploder Uicesa, a la que había adjudicado un concurso para el sellado del vertedero de O Saviñao y una red de caminos de servicios y obras en una zona de concentración parcelaria de Cerdedo. En Ploder permaneció hasta el 17 de febrero de 2005, cuando inició su periplo por las compañías de Sedesa. Como representante de este grupo, el ahora responsable de Urbanismo en Pontevedra presentó un contencioso contra el Ayuntamiento de Sanxenxo para reclamar 4,8 millones de euros, como consecuencia de un polémico acuerdo firmado dos semanas antes de que Telmo Martín dejara la alcaldía.

Ploder Uicesa, que acabó en quiebra, está relacionada de forma indirecta con la Gürtel, por la adjudicación de obras millonarias por Administraciones del PP. La más relevante, la construcción y explotación de un hospital de Vallecas que se adjudicó en unión con el imputado José Luis Ulibarri. Ploder estaba presidida por el suegro del entonces concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Sigfrido Herráez. El sumario del caso Gürtel desvela que la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid, presidida por Herráez, amañó un contrato en 2004 de 153.000 euros a la empresa Special Events, de Francisco Correa. Herráez también mantuvo negocios con Francisco Bravo, un polémico constructor relacionado con el tamayazo.

El nombramiento de Díez Yáñez fue debatido ayer en el Parlamento, donde el secretario general de la consellería, José Antonio Fernández, apeló a la ley de incompatibilidades para avalar las actividades privadas del jefe territorial. "Presentó un escrito que demuestra que causó baja

con anterioridad al ingreso", afirmó, para concluir: "Por tanto, no hubo incompatibilidad". Preguntado por el diputado socialista José Manuel Lage sobre la ética del nombramiento, el portavoz de la consellería replicó: "Las normas éticas ya están incluidas en las de incompatibilidades, y a ellas hay que remitirse, no yendo más allá".

La compatibilidad de Díez Yáñez con su reingreso en la Xunta está también plagada de incógnitas. El ahora jefe territorial regresó a la Administración gallega el 7 de junio de 2010, pero no firmó el acta de renuncia a sus poderes en las empresas de Sedesa hasta el 2 de agosto, ni consta que formulara solicitud de compatibilidad alguna, según confirmaron fuentes de la consellería que dirige Agustín Hernández. La ley de incompatibilidades exige a los funcionarios un reconocimiento previo de compatibilidad para ejercer cualquier actividad privada, que en ningún caso puede estar relacionada con su departamento. Antes de ser nombrado jefe territorial, entre junio y agosto pasado, Díez Yáñez permaneció como funcionario en la Consellería de Presidencia. Su nombre todavía figura en el registro mercantil como apoderado de Mirador de Zapateira, del grupo Sedesa.

El anterior delegado abandonó el cargo "ante las suspicacias"

El antecesor de Díez Yáñez en la jefatura provincial de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Evaristo Juncal, mantuvo negocios con testaferros de narcotraficantes, levantó un chalé ilegal y permaneció 24 años sin pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles. Pero la consellería solo lo destituyó "para evitar suspicacias", según afirmó ayer en comisión parlamentaria el secretario general de la Consellería, José Antonio Fernández.

En su comparecencia para explicar los negocios privados de Juncal y Díez Yáñez, el representante de Medio Ambiente evitó hablar de cese. "Fue la no prórroga de una comisión de servicios para evitar suspicacias", manifestó, por la "existencia de vínculos entre su negocio y su actividad pública". Fernández rebajó al máximo las competencias del jefe territorial, al asegurar que "no tiene facultades resolutorias". El cargo de jefe territorial de la consellería de Agustín Hernández lleva aparejadas competencias en Urbanismo como la presidencia de la Comisión Provincial de Vivienda y del Instituto Galego de Vivenda e Solo. Díez Yáñez fue de hecho el instructor del recurso presentado por la empresa del exalcalde de Sanxenxo Telmo Martín, Construcuatro, contra la sanción por cobrar sobreprecios en viviendas protegidas de Navia, en Vigo.

El secretario general de Medio Ambiente negó "incompatibilidades" de Juncal, ya que se le aplica la ley que afecta a los funcionarios, no a los altos cargos. El socialista José Manuel Lage, autor de la pregunta parlamentaria, se preguntó si "la ética que pregona [el presidente de la Xunta] Feijóo es compatible" con las "suspicacias". Lage acusó a Hernández de "poner a los zorros a cuidar de las ovejas".

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