Málaga y Gobierno se enzarzan para eludir fallos en la muerte de Susana

El Ayuntamiento insiste en que Igualdad denegó la teleasistencia a la víctima

Susana G., la última víctima de la violencia machista en España, será incinerada hoy por la tarde en el cementerio de Málaga, ciudad donde fue asesinada el martes por su esposo, José R. C., de quien se estaba separando. Ayer, el Ayuntamiento de Málaga y el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad, se enzarzaron en un cruce de acusaciones para responsabilizarse mutuamente del hecho de que la mujer, de 37 años, no tuviera acceso al servicio de teleasistencia, un recurso que muy probablemente no le hubiera salvado la vida pero que habría permitido dar un mayor seguimiento a su caso.

El Ayuntamiento sostuvo el pasado martes que el extinto Ministerio de Igualdad fue quien denegó la solicitud cursada con carácter urgente por el municipio para que Susana tuviera uno de los teléfonos móviles del programa. Estos aparatos permiten a asistentes sociales estar en contacto con la usuaria y disponen de un "botón del pánico" para avisar a la policía en caso de que la víctima esté en peligro.

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El delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, aseguró el mismo día que no hubo denegación, sino que fue el Ayuntamiento quien tramitó mal la solicitud, por lo que fue devuelta. Además, afirmó que así se comunicó, por teléfono al municipio a través de Eulen, la empresa concesionaria del servicio.

Ayer, la polémica se recrudeció. La directora del Área de la Mujer del Ayuntamiento, Gemma del Corral, esgrimió en rueda de prensa un correo electrónico, firmado por la jefa de producto de Eulen en Málaga. En esa comunicación, del 8 de agosto de 2010 se lee que las solicitudes de Susana María G. A., de Málaga y de otras dos mujeres "han sido denegadas por la Comisión de Seguimiento del Ministerio de Igualdad (...) a pesar de cumplir con los requisitos de acceso al programa". Del Corral afirmó que el consistorio se limitó a tramitar el expediente y no tiene capacidad ni competencia para denegar las solicitudes.

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"El expediente está completo, y nadie nos requirió ninguna información accesoria. La solicitud ha sido denegada, lo que evidencia cómo funciona el sistema, debemos trabajar todos para mejorarlo", dijo Del Corral.

Lorente calificó de "imprudentes" las manifestaciones de Del Corral e insistió en que el Ayuntamiento había tramitado de forma incompleta la solicitud de Susana G. "Me preocupa que se transmita a la sociedad que el homicidio se ha producido por unos supuestos errores y no por la decisión de un hombre de acabar con la vida de su mujer", afirmó.

En la polémica terció también Micaela Navarro. La consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta afirmó que "es gravísimo que por un error en el formulario hoy se esté hablando de un nuevo asesinato". También manifestó que "no se puede permitir que una mujer que ha presentado una denuncia termine asesinada".

La falta de acceso de Susana a la teleasistencia coincidió con una reestructuración de este servicio que supuso que las altas en este sistema no se concedieran de forma automática, como sucedía hasta junio de 2006. La circular señalaba que se habían dado instrucciones a Eulen, la empresa que presta el servicio, para dar de baja a las mujeres que llevaban más de tres meses sin contactar con el centro de atención y reevaluar las necesidades de las ya beneficiarias. Según fuentes de Igualdad, esta circular no ha supuesto la reducción del número de usuarias, que a 31 de diciembre era de 8.839 mujeres.

Sobre la firma

Fernando J. Pérez

Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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