Zapatero culmina su viraje nuclear y acepta prolongar las centrales

El Gobierno y el PSOE acaban de dar el penúltimo paso en su viraje nuclear. De forma lenta pero inexorable, el Ejecutivo ha pasado de anunciar un calendario de cierre de las nucleares a asumir de facto que funcionarán más allá de los 40 años, el plazo que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció como el máximo de vida para una nuclear. El cambio se culminó en una enmienda en el Senado a la Ley de Economía Sostenible a propuesta de CiU, según la cual las nucleares podrán funcionar mientras pidan prórrogas y las autorice el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La vida de las centrales nucleares no está fijada en ninguna norma. La prueba es que la de Garoña, en Burgos, funcionará como mínimo hasta los 42 años. Pero cuando, en 2009, el Gobierno decidió que cerrara en 2013, Zapatero insistió en que las centrales debían tener un límite de 40 años y que debía establecerse por ley. Era una forma de blindar el cierre ante el recurso de las eléctricas ante la Audiencia Nacional. El PSOE, sin embargo, ha aceptado eliminar la referencia a los 40 años de vida útil que ellos mismos propusieron y ayer lo ratificó en el pleno. El portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, se empeñó en intentar explicar que no hay cambio en la posición del Gobierno: "La enmienda dice lo que dice y no dice ni una cosa ni otra".

Algunos países mantienen las plantas durante 60 años Los ecologistas se sienten traicionados por Zapatero

La Ley de Economía Sostenible estableció inicialmente que había que mantener el "calendario de operación de las centrales, considerando el plazo de 40 años para el que fueron diseñadas". No obstante, introdujo medidas para "los casos de renovación extraordinaria de las concesiones por encima del plazo de 40 años, derivadas del desarrollo de nuevas tecnologías y de la necesidad de garantizar el mantenimiento del suministro". Así, el plazo de 40 años quedaba escrito, aunque no suponía una barrera infranqueable.

El Senado ha eliminado esa cita y ha acordado un texto que apunta a la renovación de las centrales más allá de los 40 años, como adelantó La Vanguardia. La prórroga es algo que están haciendo gran parte de los países con nucleares, alguno de los cuales fija su vida en 60 años.

La enmienda pide "mantener el calendario de operación de las centrales del parque nuclear existente, considerando las solicitudes de renovación y potenciación que presenten los titulares de las centrales y que cumplan con los requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica que establezca el órgano regulador, el CSN, y teniendo en cuenta el desarrollo de nuevas tecnologías, la seguridad del suministro eléctrico, los costes de generación eléctrica y las emisiones de gases de efecto invernadero".

El Ministerio de Industria siempre quiso prorrogar la vida de Garoña más allá de los 40 años -como avaló el CSN-, pero fue la orden de La Moncloa la que le llevó a cumplir el compromiso electoral del PSOE a medias y por eso fijó su cierre en 2013, cuando la central tendrá 42 años. En el diálogo con los sindicatos en el marco del pacto social, fuentes de Moncloa ya apuntaron que el Gobierno estaba dispuesto a revisar la decisión sobre Garoña, aunque posteriormente el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que aquello había sido una "polémica disparatada". Cándido Méndez (UGT) llegó a decir que el Gobierno quería cambiar "pensiones por neutrones".

Finalmente, el acuerdo incluyó que en unos meses los agentes sociales y el Gobierno pactarían una cesta energética a largo plazo, lo que previsiblemente incluirá la existencia de un parque nuclear más allá de 2021, cuando las grandes centrales empiezan a cumplir 40 años. Zapatero ya anunció la semana pasada que el Gobierno sería flexible en el tema nuclear. Y la enmienda lo demuestra. Fuentes socialistas admiten que se han visto obligados a este giro para poder sacar adelante la Ley de Economía Sostenible en el Senado y aseguran que han buscado en la negociación el texto más ambiguo posible.

El PNV afirma que la enmienda no afecta a Garoña, pero CiU, el impulsor del texto, sostiene que la norma sí cambia la situación de la central burgalesa. Y Alonso aseguró que la decisión de Garoña ya está tomada.

Fuentes del sector dieron por seguro que la nuclear de Garoña (propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola) utilizará el cambio legal en su demanda contra la orden de cierre. Las eléctricas, con el peritaje del actual secretario de Estado de Energía, Fabricio Hernández, reclaman que se derogue la orden de cierre o una indemnización de 1.500 millones de euros. Si ya tenían argumentos de que la orden de cierre había sido arbitraria, ahora tienen aún más. Industria pidió al CSN cuatro informes sobre las condiciones de Garoña en caso de que prorrogara la vida dos, cuatro, seis y 10 años. Casi el último día de plazo, Industria decidió que el plazo sería de cuatro años más.

El giro del Gobierno ha sembrado el malestar entre los grupos antinucleares. Los ecologistas se sintieron traicionados por Zapatero, que entre 2004 y 2009 les engatusó con promesas de cierre nuclear. "No solo no cumple su programa, sino que hace todo lo contrario", subrayó Carlos Bravo, de Greenpeace.

Los grupos minoritarios de la izquierda (ERC, BNG, IU e ICV) votaron en contra de la enmienda sobre la vida útil de las centrales.