CiU se niega a entrar en una "puja" sobre los privilegios
El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, aseguró ayer que su grupo se niega a entrar en "una puja" con el resto de grupos sobre los supuestos privilegios de los diputados. Duran ha remitido una carta al presidente del Congreso, José Bono, en la que rechaza hacer propuestas concretas sobre el régimen económico de los diputados y senadores, tal y como han hecho el resto de grupos.
Asegura que está dispuesto a debatir sobre los complementos de pensiones de los parlamentarios, su situación tras abandonar el escaño y posibles cambios en su régimen de incompatibilidades, pero asegura que en ningún caso debe tratarse como una competición de todos los grupos. En su opinión, debe hacerse en el seno de la Comisión del Estatuto del Diputado.
Expresamente sí rechazó una de las propuestas contenidas en la carta del PSOE a Bono: la publicación de los bienes y patrimonio de los parlamentarios y los miembros de su unidad familiar. Según dijo, es una propuesta inconstitucional y se preguntó qué ocurre con los diputados catalanes que, según la legislación de esa comunidad, tienen separación de bienes. Y sobre la imposibilidad legal de aplicar esa medida a las parejas de hecho.
Separación de bienes
"¿Es constitucional, especialmente en Catalunya, donde hay régimen de separación de bienes, que mi mujer tenga que publicar sus bienes?", se preguntó Duran. También cuestionó que sea conveniente para la seguridad de los parlamentarios.
El PP discrepa de esta propuesta y entiende que deben publicarse solo los bienes y patrimonios de los parlamentarios. Los populares han incluido una propuesta, además, para que se regule el voto de las parlamentarias con baja maternal. Ayer mismo, la Cámara aprobó, de nuevo, una proposición no de ley de CiU para que se establezca la posibilidad de voto telemático en esos casos y en los de grave enfermedad.
Fue apoyado por todos los grupos, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones, a pesar de que puede haber dudas de constitucionalidad por no ser un voto presencial y personal.
El texto aprobado pide que en un plazo de seis meses se convierta en proyecto de ley. La forma elegida es la de la tarjeta eléctronica de la que disponen todos los diputados. De esta forma, podrían ser autorizados a votar en caso de baja maternal o enfermedad grave. Esta posibilidad ya está regulada en los Parlamentos de Andalucía y Cataluña.
