Vivienda eleva a 439 millones los créditos 'blandos' para pisos protegidos

El Gobierno aprobará en las próximas semanas el decreto sobre colaboración financiera con entidades para la compra de viviendas protegidas durante 2011. La cantidad global se incrementa hasta los 439,8 millones de euros, frente a los 339 estipulados para este año, de los que se utilizaron 328,7 millones, "el 96,9% de lo establecido en el Plan Director para 2010", según los datos del Departamento de Vivienda.

De los 439 millones para este ejercicio, más de la mitad (242,7 millones) se destinarán a la adquisición de viviendas protegidas, mientras que 123 millones irán para los pisos en alquiler. La cifra global se completa con 41 millones de euros destinados a la rehabilitación y 32 a operaciones de obtención de suelos.

La financiación cubierta se reduce del 100% al 80% del coste de la vivienda

El acuerdo que se suscribirá con las entidades financieras, que tiene efecto retroactivo al pasado 1 de enero, tiene algunos cambios respecto al pasado año. El tipo de interés máximo pasa del euribor + 1,5 al + 3 y los préstamos cubrirán un máximo del 80% frente al 100% del pasado año "debido a las instrucciones del Banco de España", aseguró ayer un portavoz de Vivienda.

Esta cobertura financiera será diferente y en la adquisición de suelo no cubrirá el 50% el coste, mientras que para la urbanización, venta y rehabilitación llegará al 80%.

Los plazos de los préstamos serán más flexibles y se fija el máximo en 30 años para las ventas y alquileres y 15 años en el caso de las rehabilitaciones.

La crisis económica ya obligó el pasado año a la consejería de Vivienda a firmar un convenio con 26 entidades financieras (entre ellas todas las vascas) que contempla la recompra de las viviendas protegidas se encuentre en situación de impago. La recesión hizo que cuatro de cada diez personas que conseguían una VPO en el sorteo renunciaban a ella, fundamentalmente porque las entidades financieras rechazaban la concesión de créditos. Con ello, Vivienda se veía obligada a buscar sustitutos en las listas de espera.

La situación de bonanza económica en la última década llevó a que personas con ingresos de 9.000 euros anuales accedieron a la compra de viviendas protegidas. Con la brusca subida de los intereses de los préstamos, ese colectivo no pudo pagar al banco el crédito solicitados. Vivienda firmó el convenio de recompra no para solventar esos casos sino los de los ciudadanos con ingresos de entre 16.000 y 18.000 euros y a los que los bancos denegaban por poco los préstamos.

Este convenio establece que la recompra se limita a los casos de impago en los nueve primeros años desde la adquisición de la VPO.