Barberá duda de la independencia judicial y Cospedal habla de "ataque político"

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, se ha convertido desde que estalló el caso Gürtel en uno de los grandes apoyos del presidente valenciano, Francisco Camps. Ayer, igual que otros colegas del PP, volvió a defenderlo y se mostró orgullosa de abrir un debate sobre la independencia judicial: "Es el mejor servicio que he hecho a España desde que estoy en política", subrayó, para después afirmar que "la transición no ha pasado por el poder judicial".

A la vista de las críticas de la asociación Jueces para la Democracia, que ha pedido a la regidora respeto a los tribunales, Barberá negó que cuestione la imparcialidad de jueces y fiscales. "Dije que la mayoría de jueces y fiscales eran imparciales e independientes pero que podría haber algunos que no", recordó. Y aclaró que, si todos los días se debate sobre el poder ejecutivo y legislativo, "¿por qué no se va a poder hacer lo mismo con el judicial?".

Barberá insistió en que los jueces son "personas, no aquellos antiguos jueces que parecían intocables". "Son unas personas que militan o han militado en partidos políticos, que se han presentado a elecciones... Y [los ciudadanos] lo tienen que saber", afirmó.

Esta ofensiva contra la justicia precisamente cuando Camps está a punto de sentarse en el banquillo -después de que cinco jueces del Tribunal Supremo dictaminaran por unanimidad que había caso- fue respaldada por la dirección nacional del PP. Dolores de Cospedal, la secretaria general del partido, apoyó a Barberá -aunque dijo que sólo se refería a fiscales y no a jueces, algo que no era cierto- y aseguró que Camps está siendo víctima de un "ataque político en toda regla". Insistió en que hay doble rasero en la fiscalía porque, mientras se pide el enjuiciamiento de Camps, en otros casos que el PP ve más graves, como el de los ERE andaluces, la fiscalía no hace nada.

El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, calificó de "terrorífico" que el PP cargue contra las instituciones para "amparar" a Camps ante la acusación de la fiscalía, que en su escrito pide 41.250 euros de multa al presidente valenciano por supuesto cohecho impropio.