La letrada que denunció el caso grabó el intento de extorsión de Tellería

Es difícil pensar que la justicia se hubiese interesado por el caso De Miguel, la supuesta trama corrupta que afecta a exdirigentes y militantes del PNV alavés, si la abogada que denunció los hechos ante la fiscalía, Ainhoa Alberdi, no hubiese aportado su preciso conocimiento del modus operandi de los imputados, las 24 grabaciones con conversaciones que mantuvo con algunos de ellos y el nombre de la sociedad que supuestamente usaban para cobrar comisiones ilegales: Kataia Consulting.

Alberdi, administradora de Urbanorma, compañía que cobró 441.000 euros por asesorar al Parque Tecnológico de Miñano en la compra de terrenos para su ampliación, grabó a Aitor Tellería, exdirigente del PNV alavés y entonces responsable del semillero de empresas del parque, exigiéndole que "un tercio" de los honorarios que cobró fuesen para él y para Alfredo de Miguel, según consta en el sumario de la causa. De Miguel, hoy exdiputado foral, medió en la operación.

Echaburu planteó que se pagase a la firma que Tellería y De Miguel dijeran

La grabación cita el "trabajo que hacía" un responsable alavés de Ipar Kutxa

Alberdi aportó grabaciones de sus conversaciones con Jon Iñaki Echaburu, quien fundó Urbanorma con ella antes de dejar la empresa ahogado por la situación de su otra compañía, Construcciones Loizate. También entregó grabaciones de sus charlas con el presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco, Julián Sánchez Alegría; Sergio Fernández Oleaga, administrador de Stoa, otra empresa de confianza de De Miguel que consiguió un contrato urbanístico posterior en Miñano, y los propios De Miguel y Tellería. A principios de 2008, Alberdi se queda sola al frente de Urbanorma. Es entonces, según la transcripción de las grabaciones, cuando los dos últimos le exigieron expresamente el pago de la supuesta comisión, que nunca se abonó.

En la grabación, Tellería explica a la abogada que el dinero pagado por el parque tenía tres destinatarios: "Un tercio" era para Echaburu, "otro tercio" era para ella y "el tercero es el que recaudamos nosotros". Tellería no da muestras de sospechar que su conversación pueda estar siendo grabada.

En la conversación figura una alusión al "trabajo que hacía Pablo Larrabide", responsable de Ipar Kutxa en Álava, cuyo nombre se repite en las actuaciones del sumario. Larrabide no ha sido llamado a declarar por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, que investiga la causa, aunque sí compareció ante la comisión de investigación de las Juntas Generales de Álava.

Poco después, parece que De Miguel y Tellería están dispuestos a rebajar su parte. Figura en el sumario un correo electrónico enviado por De Miguel a Alberdi desde su cuenta de correo oficial en la Diputación alavesa en el que le pide "100", lo que significa 100.000 euros, siempre según la abogada. En su denuncia, Alberdi afirmó que las presiones se multiplicaron para que diera su brazo a torcer, hasta el punto de que De Miguel y Tellería se reunieron con su padre para convencerla de que pagase.

La abogada dijo desconocer la existencia de un pacto entre Echaburu y el tándem De Miguel-Tellería para el pago de la comisión por la adjudicación directa del contrato público. En otra de las grabaciones, Echaburu reconoce a Alberdi que la comisión estaba pactada antes de que se cerrase el contrato a finales de 2006 y que la tiene que pagar "a la sociedad" que De Miguel y Tellería le digan.

El encontes director del parque alavés, Alfonso Arriola, también imputado, reconoció al juez que la adjudicación era ilegal y que "todos" lo sabían, incluyendo los gestores del parque, aunque justificó la irregularidad argumentando que, de haberse publicitado el contrato, el precio de los terrenos se habría disparado. Alberdi niega que supiera que la ley impedía adjudicar este contrato a dedo.