La Ertzaintza sospecha que Sprilur desvió fondos a través de Avalancha

La Ertzaintza sospecha que Sprilur, la sociedad pública que gestiona la compra de terreno para fines industriales, desvió en su día fondos a terceros a través de la sociedad Avalancha Proyectos. El informe que la policía vasca ha entregado al juez de Instrucción número 8 de Bilbao, que investiga la denuncia por malversación de caudales públicos presentada por el Gobierno contra Antton Zubiaurre, director de la sociedad dependiente de Industria con el anterior Gobierno, deja abierta dicha posibilidad.

Para avanzar en la indagación, el informe de la Ertzaintza propone al juez que investigue las cuentas de Zubiaurre y los productos financieros que el responsable de Avalancha mantenía a través de Bankinter y de la empresa Renta 4.

La Ertzaintza quiere cruzar cuentas de Zubiaurre y de un cargo de Avalancha

El administrador de la firma no anotó 62.000 euros de la venta de terrenos

El Gobierno denunció a Zubiaurre tras comprobar que pagó 3,36 millones de euros por 10 hectáreas de terrenos rústicos en Santurtzi, un precio que los peritos estiman que supera tres o cuatro veces el del mercado. De esa cantidad, 460.165 euros los abonó por medio de un talón al portador, una práctica que resulta inaudita en una Administración pública. Dicho talón acabó en manos del intermediario de la operación, el administrador de Avalancha Proyectos.

Aunque de momento se trata de una apreciación policial en función de los indicios de su investigación y de las contradicciones en las declaraciones que han tomado, los agentes dejan en el aire la existencia de una trama fraudulenta diseñada bien para el lucro personal, bien para financiar a terceros, sean estos personas, empresas u organizaciones.

"El hecho de falsear el volumen del negocio surgido de la operativa realizada por el señor [José Francisco] Darquistade en representación de la empresa Avalancha Proyectos SL, al margen de constituir una infracción a nivel fiscal, podría estar ocultando una desviación de fondos hacia una tercera persona", concluyen los investigadores de la Ertzaintza. El administrador único de Avalancha, José Francisco Darquistade, cobró los 460.165 euros citados, pero solo apuntó en sus libros y facturó al vendedor de los terrenos por 397.388,16 euros, IVA incluido. Los 62.776,84 euros de diferencia no aparecen por ningún sitio.

Ese hecho y las contradicciones entre el intermediario y el vendedor sobre el objeto de los servicios que prestó el primero han permitido a los investigadores abrir nuevas vías para aclarar el destino de los fondos públicos y trabajar sobre varias conjeturas. El vendedor de las tierras, el vecino de Abanto J.A.B.C., primo carnal del presidente del PNV de Vizcaya, Andoni Ortuzar, aseguró que pagó las labores de asesoría a un gabinete, mientras que Darquistade incluye esos servicios entre los que él facturó.

Darquistade declaró a la Ertzaintza que Zubiaurre le informó de un proyecto de desarrollo industrial en la zona, "los precios que se ofertarían por metro cuadrado y, sobre todo, cómo el alcalde de Santurtzi habría dado el visto bueno al proyecto" y, por tanto, a la recalificación. El regidor de la localidad vizcaína, el socialista Juan Cruz Expósito, testificó que no habló con Zubiaurre para la recalificación de los terrenos, proceso que no se ha realizado.

La Ertzaintza investiga si la operación podría haber seguido, en su caso, el siguiente esquema que se ha dado en ocasiones en otras tramas ligadas a las recalificaciones de terrenos: un cargo público con capacidad de compra y presupuesto busca a alguien que crea una sociedad mercantil instrumental a la que le facilitaría toda la información para ponerse en contacto con propietarios de terrenos.

Una vez localizado el vendedor, el cargo público enviaría al intermediario para sondearle. Este le habla sobre el posible interés de una Administración por sus terrenos, y le sugiere que quizás va a haber recalificaciones para convertirlos en suelo industrial. Incluso le dejaría caer que ya está de acuerdo en la operación con las autoridades locales, con lo cual le puede ofrecer un precio por metro cuadrado más elevado. Si se cierra el trato y los terrenos se compran, el sobreprecio se reparte. El intermediario se lleva entre el 10% y el 15% de la operación de compra, y el vendedor logra unas plusvalías considerables.

Una de las cuestiones, de momento sin respuesta, que preocupa a los investigadores es que en la operación de Sprilur todos ganan menos la Administración, que pierde: se ha quedado con unos terrenos sin recalificar cuyo precio el actual Ejecutivo tiene que anotar como pérdida patrimonial.

La policía vasca ha solicitado así al juez que investigue las cuentas de Zubiaurre, imputado también en otro juzgado por un supuesto caso de espionaje informático a actuales directivos de la SPRI, para ver si algunos de los numerosos y a veces "sospechosos" movimientos de cuentas de Darquistade coinciden con alguno de sus ingresos.