Medidas al límite
El Gobierno ha decidido jugar todas las cartas para impedir que el desempleo siga subiendo y que, además, afecte principalmente a los jóvenes y a personas que llevan más de un año sin empleo. Ayer aprobó un plan de choque para estimular la contratación que, en sustancia, implica eximir de las cotizaciones a la Seguridad Social a las empresas de menos de 250 trabajadores que firmen contratos a tiempo parcial a jóvenes o parados de larga duración y eximir del 75% de la cotización a las empresas de más de 250 trabajadores que hagan lo mismo. El periodo de vigencia del plan es de un año, aproximadamente el plazo en el que se espera que la actividad económica se haya robustecido lo suficiente para crear empleo.
La intención es buena, la decisión es casi obligada, puesto que un Gobierno no puede permanecer impasible mientras crece el desempleo y se deteriora el mercado laboral, pero los resultados son dudosos. Los precedentes de estímulos fiscales o sociales a la creación de empleo no invitan al optimismo. Como otras iniciativas anteriores, parece más útil para acompañar una fase de recuperación económica que para aumentar el empleo en una fase recesiva. En el mejor de los casos, quizá adelante algunas decisiones de contratación; sería un triunfo, tal como está el mercado laboral. El hecho de que sea un plan temporal mitiga los temores de que la política laboral vuelva a los contratos basura.
El decreto incluye otra decisión esperada: una nueva ayuda de 400 euros, durante seis meses, para los desempleados que hayan agotado las prestaciones por paro. En este caso, la decisión es políticamente tan lógica como la anterior (aunque no faltan economistas neoliberales que la deploran, convencidos de que los cientos de miles de personas que quedan sin protección hubieran hecho desplomarse los costes salariales) y más eficaz. En el peor de los casos, librará temporalmente a una parte de la sociedad de la pobreza extrema.
