Otros dos inspectores dicen que Ibarra obstruyó investigaciones

Nuevas voces se unieron ayer a las acusaciones vertidas contra el exjefe de la Inspección Fiscal de Vizcaya Juan Ramón Ibarra por su supuesta obstrucción de investigaciones tributarias a empresas de su círculo. Dos de los cinco inspectores que prestaron declaración como testigos en el juicio por presunto trato de favor fiscal que desde hace tres semanas se celebra en la Audiencia vizcaína acusaron a su antiguo superior de limitarles las pesquisas sin un argumento contrastado. Ibarra se enfrenta a 11 años de prisión por cinco delitos. La fiscalía pide además ocho años de cárcel para otros tres funcionarios de Hacienda.

Margarita Grande, inspectora desde 1999, reveló dos irregularidades cuya causa no entró a analizar. Por un lado, señaló que el exmáximo responsable de vigilar el fraude fiscal en Vizcaya evitó la inspección general de la inmobiliaria Baseibar que ella misma entendía necesaria al apreciar en su ficha operaciones importantes y relaciones con otras entidades. Por otro, reconoció haber recibido una petición expresa para "limitar" su labor inspectora de la firma Airlan a los años 1998 y 1999. La funcionaria conoció después que el dueño de esta última empresa e Ibarra "se conocían del Obispado".

Una de las firmas beneficiadas era de un "conocido" del acusado

A la confesión de Grande se unió la de Laurentino de los Ríos, funcionario de la Hacienda foral desde 1984. El actual subinspector declaró que su superior le pidió la retirada del plan de inspección que afectaba a High Tech, otra de las empresas vinculadas a la lista de contribuyentes supuestamente protegidos por Ibarra, al considerar que los motivos de su inclusión eran "infundados". "Nunca antes me había pasado ni recibí explicaciones", manifestó.

En la sesión de ayer también prestó testimonio la jefa de la sección de Sucesiones, Lourdes Zubero, que fue quien practicó la liquidación de la herencia de 337.000 euros que Ibarra dijo recibir de su padre fallecido y por la que la fiscalía le acusa de soborno. La funcionaria admitió que no revisó la documentación entregada, lo que avala la tesis fiscal de que "dicha cantidad de dinero no figuraba en las cuentas del fallecido".