Una empresa pide convertir una mina ilegal en un vertedero de residuos
El Supremo paralizó una explotación que arrancó sin licencia en los años setenta
La cantera da Camanzo, en Vila de Cruces, fue clausurada definitivamente en 1996 tras un dilatado proceso judicial. El Tribunal Supremo ratificó entonces que la mina era ilegal, ya que había empezado a funcionar en los años setenta sin licencia ni hizo un estudio de impacto ambiental cuando se convirtió en obligatorio. También fueron anulados sucesivamente los permisos con los que Xunta y Ayuntamiento trataron de regularizar la explotación durante los ochenta. La empresa que extraía la roca, Mármoles de Puenteledesma, se comprometió más de una década después de la sentencia a restaurar el área a su estado original, a través de un plan que aprobó la Consellería de Industria en 2008. Casi tres años después, la compañía ha presentado un nuevo proyecto, con el que pretende aprovechar la situación y hacer de la mina un vertedero de residuos.
Adega critica que la compañía se lucre de la obligación de restaurar la cantera
El documento está estos días abierto a alegaciones en la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente. La organización ecologista Adega ya ha presentado varias. "Sería una indecencia que lo aprobasen", carga Daniel Vispo, representante de la asociación, que critica que la empresa quiera convertir en una actividad lucrativa una obligación derivada de sus propios incumplimientos legales y judiciales. "No es cualquier cosa, ellos hablan de un coste de 25 euros por tonelada para unos vertidos de 95.000 toneladas al año durante 10 años", avisa, e insiste: "Estaban obligados a rellenar el hueco de la cantera, pero no lo pueden convertir en un negocio". Aduce Vispo que el decreto de 2009 que regula la rehabilitación de espacios afectados por actividades mineras no permite el lucro y, de hecho, exige con carácter previo a las empresas garantías financieras de que restaurarán el área cuando terminen de explotarla. Medio Ambiente recuerda que el trámite de exposición pública no implica que el departamento tenga intención de dar por bueno el proyecto.
También niegan los ecologistas la posición de la empresa, que entiende que la ubicación es perfectamente apta para emplazar un vertedero. "Sobre las condiciones geológicas e hidrogeológicas de la zona o sobre la inexistencia de aguas subterráneas no hay en la documentación sometida a información pública otra cosa que afirmaciones generales sin ningún estudio in situ que las avale, y que se contradicen con la realidad", sostiene Vispo en sus alegaciones, en las que llama la atención sobre "la existencia de manantiales de agua en las proximidades y en el mismo borde del hueco de la explotación". Adega argumenta asimismo que el proyecto carece del estudio de impacto ambiental "o la documentación que reúna los requisitos para ser considerada como tal" y que el órgano competente no es la Consellería de Medio Ambiente, sino la de Industria.
En el Ayuntamiento también se oponen al proyecto, tal como está redactado ahora. El alcalde, Jesús Otero (PP), lleva en el poder desde 1984 y nunca se opuso a la mina pero ahora desconfía del tipo de vertidos que la empresa quiere llevar a la cantera y también ha presentado alegaciones. "Hablan de residuos no peligrosos; queremos que especifiquen cuáles", señala. "Faltan trámites esenciales, el proyecto de cartografía no contiene lo que hay alrededor de la zona, no hay un estudio de manantiales...", enumera. Otero indica que cuando Medio Ambiente emita su informe expondrán el proyecto en el Ayuntamiento durante un mes para que los vecinos se informen, pero avisa: "Coforme está ahora, el proyecto no cumple".
La propietaria recurrió a otra sociedad, Edafología y Minería Gallega, para redactar el proyecto. Anxo Mourelle, ingeniero que intervino en la confección del plan, asegura que la polémica "es un poco artificial". "Había que reponer el volumen y no se puede hacer con roca. Nosotros mejoramos el plan de restauración con un material que no tiene ningún riesgo", explica. Mourelle sostiene que el trámite de evaluación ambiental integrada del proyecto garantiza su respeto al entorno y apunta que Minas también deberá emitir un informe.
Un vecino combativo
En la batalla contra la cantera destaca la figura de Balbino Martínez, dueño, junto a su esposa, de una explotación de ganadería ecológica próxima a la mina. "Tuve un conflicto durante casi 20 años en contra de la cantera, que estaba sin permisos de apertura", rememora. "Les habían dado la licencia municipal de aquella manera; entonces el Ayuntamiento hacía lo que le salía de las narices", añade. Fue él quien acudió a los tribunales y a quien el Supremo acabó dando la razón. "Les cerré la cantera", exclama orgulloso.
Martínez se mantiene hoy atento a los movimientos de la empresa, toda vez que entiende que parte de los terrenos en los que está situada la cantera -que le fueron expropiados en su día- le pertenecen después de que el Supremo resolviese a su favor. "Soy copropietario del agujero", asegura al teléfono, molesto por los nuevos planes de explotación. "Pedimos la restauración, y ellos quieren meter un vertedero", se queja. "Ha salido el proyecto, pero conmigo no han hablado nada, y yo tengo el 20%", sostiene. También desconfía del alcalde, de quien recuerda que hizo más en su día por legalizar la mina que por clausurarla.
