El juez retoma el 'caso Terra Mítica' con la declaración de 11 imputados

El caso Terra Mítica, en el que se investigan supuestos delitos fiscales, mercantiles y de falsificación cometidos durante la construcción del parque temático de Benidorm, uno de los emblemas del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y hasta la fecha una iniciativa económica ruinosa, recupera hoy el pulso judicial con la declaración de 11 imputados de los casi 40 que figuran en la causa.

La instrucción, que se inició a raíz de una denuncia de la Agencia Tributaria en 2005, trata de desenmarañar la trama de facturación falsa por operaciones no realizadas o efectuadas a medias (se decía que se vendía un número de palmeras y en realidad se vendía la quinta parte, por ejemplo) que defraudó a Hacienda más de 4,4 millones de euros entre los años 2000 y 2001.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia imputó en noviembre a otras 11 personas, que son las que está previsto que declaren hoy. Y a principios de enero el perito designado por el juez presentó (tres años después de que lo solicitara la fiscalía) un exhaustivo informe en el que se acreditaba el funcionamiento, perfectamente organizado en escalones, de la trama de 19 empresas que la integraban, incluida Terra Mítica, que es la que finalmente pagaba por servicios inexistentes, hinchados de precio o que los supuestos proveedores ni siquiera se molestaban en detallar.

El informe del perito destaca el caso de las empresas Gribal y Traux, que facturaron 4,7 millones de euros por trabajos en Terra Mítica en 2000 y 2001 a pesar de que todo indica que estaban inactivas. Durante los escasos momentos en que no era así, Gribal solo tenía contratado a un empleado a tiempo parcial.

En la época en que supuestamente se cometieron los delitos, la Generalitat tenía una participación del 15% y una influencia superior en el parque. Uno de los principales imputados, el empresario Vicente Conesa, era amigo de Eduardo Zaplana.