Un fraude no tan extraño

Las denuncias sobre supuestos empadronamientos irregulares en municipios gobernados por el PP han salpicado los últimos procesos electorales en distintos puntos de la Comunidad Valenciana.

En Granja de Rocamora (Alicante) se detectó un súbito incremento del padrón municipal, con más de 400 altas, tres meses antes de los comicios de 2003. El PSPV y el Centro Liberal de esta localidad de La Vega Baja denunciaron los hechos.

También en la misma provincia, el PSPV-PSOE de Aigües, en la comarca de L'Alacantí, denunció que el padrón municipal había crecido en cuatro años en 99 personas, de las cuales la mitad se registraron entre los meses de enero y febrero de 2007, pocos meses antes de los comicios de ese año. El incremento del censo elevaba la población de este pequeño municipio desde los 489 habitantes hasta los 578.

Pero es la provincia de Castellón la que cuenta con más casos conocidos. Así, los socialistas llevaron también a los juzgados en mayo de 2007 otro caso de empadronamiento masivo en la localidad de Vall d'Alba. En la denuncia, el PSPV aportó fotografías de viviendas donde se empadronaron algunas de las 189 personas con las que se incrementó el censo de una población que rondaba en aquel momento los 2.000 habitantes.

En otro punto de la provincia, en Fanzara, y en la misma época, los socialistas detectaron una "explosión demográfica" que se cifró en cerca de un centenar de vecinos en un municipio de 300 habitantes.

En Cabanes, Iniciativa denunció el empadronamiento irregular de cerca de 40 personas que pasaron a formar parte del censo antes de las elecciones celebradas en el año 2007.

Y en Sant Jordi, los socialistas denunciaron ante el Instituto Nacional de Estadística la aparición de 250 votantes nuevos entre las elecciones de 2004 y las de 2007 en un municipio con 700 habitantes.