El investigador del chivatazo a ETA pidió borrar la prueba clave

Carlos G., el investigador principal del supuesto chivatazo a ETA (caso Faisán), pidió a su superior que borrase la cinta original en la que Joseba Elosua (mediador para el cobro del impuesto revolucionario) contaba que había sido avisado de una inminente operación contra él. José C., que entonces (mayo de 2006) era jefe de la Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información, se lo contó ayer en la Audiencia Nacional al juez Pablo Ruz, a quien le explicó que solo lo relataba ahora y bajo juramento porque carecía de pruebas sobre ello y porque Carlos G. le hizo esta petición cuando estaban a solas.

José C. explicó al juez que Carlos G. pidió el borrado de la "cinta máster" horas después de que se grabase la conversación de Elosua (en un coche que sabía que estaba infectado de micrófonos policiales) en la que se jactaba de que el jefe del operativo montado en torno al bar Faisán de Irún le había alertado de la operación. Es decir, que le pidió que acabase con la prueba principal, de hecho, la única, de un chivatazo que trastocó una operación que estaba dirigiendo el propio Carlos G., a quien luego el juez Fernando Grande-Marlaska encargó investigar la delación.

José C. añadió que Carlos G. fue siempre su principal sospechoso del chivatazo, ya que fue renuente a la operación contra Elosua, alegando que en plena tregua etarra iba a haber problemas políticos ("nos van a crucificar", le dijo) y porque podía ser detenido el peneuvista Gorka Aguirre, entre otros motivos. Así lo puso por escrito.

Carlos G., según José C., le contó que ya había pedido el borrado de la cinta a los encargados de vigilar lo que captaban los micrófonos pero que estos se habían negado. Por ello recurría a su superior para que él o el comisario general (entonces Telesforo Rubio) ordenase el borrado. Se negó. Las fuentes explican que José C. trató de que Carlos G. repitiera la petición ante Rubio, sin lograrlo, motivo por el que, sin pruebas ni testigos, no incluyó este hecho en informe alguno. El juez le advirtió de que esta omisión podía ser delictiva, según el artículo 408 del Código Penal (no promover la persecución de un delito).