Dos ediles de Pozuelo se contradicen ante el juez

La declaración ayer como imputados del concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, José María Mayo (PP), y de la edil expulsada del Grupo Municipal del PP, Yolanda Estrada, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo ha puesto de manifiesto numerosas contradicciones en relación con la adjudicación y posterior construcción del Parque de las Cárcavas. Esta obra fue modificada, encareciéndose el 110%. El próximo lunes será el turno de declarar del actual alcalde, Gonzalo Aguado (PP), también imputado en la causa.

El proyecto de construcción del parque de las Cárcavas de Pozuelo de Alarcón se adjudicó por 4,5 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cárcavas. El grupo que conforma esa UTE estaba encabezado por el empresario Alfonso García Pozuelo Asins, uno de los imputados en el caso Gürtel. Una posterior modificación del proyecto elevó el coste de la obra a 11 millones de euros (un 110% más). Pero esta empresa obtuvo más beneficios gracias a otra decisión del equipo de Gobierno del PP de Pozuelo, según un documento aportado por el funcionario ahora jubilado Leopoldo Gómez, también imputado en la causa.

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En una reunión, en la que participaron varios miembros del equipo de gobierno, se acordó, según la acusación, aprobar un pago de más de 600.000 euros para el mantenimiento del parque, del que se encargaba la misma UTE que lo construyó. Esta decisión fue comunicada por Yolanda Estrada al funcionario, quien rechazó firmar la recepción de las obras al considerar "una burrada" el acuerdo promovido por el alcalde, Gonzalo Aguado. Según Leopoldo García, el coste del mantenimiento era inicialmente de 661.000 euros en tres años, pero con el nuevo acuerdo pasaba a ser de 661.000 euros en un año. "Mi contestación, ante una orden tan insólita y sin sentido es la siguiente: esto es una burrada, va en contra de la adjudicación. No tiene lógica ni nada que se parezca", explicó el funcionario por escrito al juez.

Precisamente, la existencia o no de esta reunión y las decisiones adoptadas es lo que ha puesto de manifiesto las contradicciones entre los imputados. Yolanda Estrada aseguró haber recibido tras la reunión la orden del alcalde de modificar al alza el precio del mantenimiento del parque, aunque detalló que participó en la misma en un periodo de tiempo en el que prácticamente no acudía al Ayuntamiento, ya que su padre estaba ingresado en un hospital, por lo que apenas conocía los términos del contrato con la empresa. Además, indicó que ella no era la responsable del acuerdo, ya que solo llevaba la cartera de Obras, mientras que los responsables de Contratación, y por tanto de la operación, eran la edil del PP Pilar Garrido Sánchez, y su superior jerárquico como concejal de Hacienda, José María Mayo, informan fuentes del caso.

Por su parte, las mismas fuentes explican que este edil negó haber participado en esa reunión, asegurando por el contrario que la concejalía responsable del acuerdo para aumentar el precio del mantenimiento del parque era la de Obras [encabezada por Estrada], por lo que ella era responsable.

El edil Mayo reconoció, además, la existencia de varios informes contrarios a esta operación, aunque dijo que no los tuvo en cuenta porque no consultó todo el expediente, que era muy voluminoso. En cambio, sí vio un documento en el que el interventor explicaba que había consignación presupuestaria. Por su parte, Estrada relató que los informes negativos del interventor municipal no constaban en el expediente, y que no les avisaron de las irregularidades.