PNV y PP se unen para derrotar dos veces al Gobierno

El Gobierno salió ayer del primer pleno del Parlamento tras el período inhábil de enero con una nueva ley aprobada por casi unanimidad, la décima del mandato, que regula el consumo de tabaco en espacios públicos, dos votaciones perdidas a manos de sus socios del PP y el PNV, y el encargo de un trabajo de alcance: el que debe enumerar las duplicidades y el solapamiento de funciones, servicios e infraestructuras que se producen entre las distintas administraciones. Los choques se dan fundamentalmente entre Gobierno y Diputaciones, y en menor medida con algunos grandes ayuntamientos, sobre todo los de las capitales.

El estudio debe hacer algo más importante, nunca abordado antes: cuantificar el coste económico de esas dobles actuaciones, cuestionadas siempre y por todos los partidos sobre el papel, pero a cuyo detalle y arreglo nunca se ha descendido. Sólo un estudio encargado por la Diputación de Álava bajo el mandato del PP, a un equipo multidisciplinar de profesores de la Universidad del País Vasco, realizó una aproximación, parcial y solo territorial, a este problema.

El Gobierno ve otras prioridades antes de "abrir en canal" la LTH

El PSE se quedó solo al votar sobre Lanbide y custodia compartida

PSE: "Colaboración y José Luis Bilbao son conceptos antagónicos"

Ane Urkiola (PNV) afirmó que el PSE monta "un chocho" por electoralismo

El Gobierno recibió del debate de ayer -propiciado por una moción de UPyD que pretendía comprometerle a incluir la reforma de la Ley de Territorios Históricos en el calendario legislativo- el encargo de entregar el exhaustivo estudio a la Cámara en plazo máximo de seis meses.

En el debate, el penúltimo enfrentamiento entre la Diputación de Vizcaya y el Gobierno, por la lanzadera del metro a Galdakao salió a colación a la primera. El portavoz socialista, José Antonio Pastor, afirmó que el PNV practica el frentismo desde las Diputaciones contra el Gobierno y acusó al diputado general de Vizcaya de haberse especializado en usar la institución foral "como plataforma de guerra contra el Gobierno". "Colaboración interinstitucional y José Luis Bilbao son dos conceptos totalmente antagónicos", afirmó.

En nombre del PNV, la parlamentaria Ane Urkiola, acusó a Pastor de haber subido a la tribuna en clave de candidato electoral a diputado general de Vizcaya, y elevó el nivel del coloquialismo cada vez más habitual en la Cámara: acusó al PSE de montar "un chocho", con la cuestión cada vez que se acercan las elecciones municipales. Al tiempo, acusó al Gobierno de "falta de lealtad institucional" para con la Diputación vizcaína. El PP, según dijo su portavoz, Leopoldo Barreda, ve más los problemas en "las prácticas" de quienes dirigen las instituciones que en la propia LTH.

Al final, la propuesta de UPyD salió derrotada, aunque recabó el apoyo de Aralar y de Eusko Alkartasuna. El Gobierno, coincidieron tanto la portavoz, Idoia Mendía en un acto en San Sebastián, como el jefe de filas del Grupo Socialista, José Antonio Pastor, ve otra prioridades antes de lanzarse a "abrir en canal" esa ley, según dijo el último. Su reforma "no es el bálsamo de Fierabrás", contestó al parlamentario proponente, Gorka Maneiro, que le citó las numerosas declaraciones de dirigentes del PSE, incluido el lehendakari, abogando por reformarla. Como ley básica del entramado institucional, lo mismo que lo será la Ley Municipal, Pastor entendió que exige un "consenso reforzado", que ahora no se da. Ni el PNV, ni tampoco el PP como socio del Gobierno, son partidarios de hincarle el diente. Así, entre acusaciones de los grupos pequeños, los tres principales de la Cámara, se unieron en una transacción alternativa, que no menciona la LTH, encarga al Gobierno el estudio y aboga por "la cooperación y coordinación entre instituciones".

La coincidencia entre los tres grandes partidos se rompió, sin embargo, en otras dos votaciones, que propinaron sendas derrotas al grupo del Gobierno. La primera la promovió su socio preferente, el PP, con la proposición de ley que busca obligar al Gobierno a cambiar el estatus jurídico de Lanbide, del que ya advirtió que discrepaba en el momento de aprobarlo el Ejecutivo. Este expresó en su día su criterio negativo a la toma en consideración de la propuesta, pero ayer salió adelante y se tramitará ahora como cualquier proyecto de ley.

El PSE-EE, que ayer se quedó solo en su defensa de la posición del Gobierno, se aferra aún a la expectativa de lograr convencer al PP para mantener al organismo en su configuración actual, la de ente público de derecho privado, igual que Osakidetza o EITB, planteando un incremento de los controles que el PP tacha de insuficientes.

El grupo del Gobierno no pudo tampoco parar la iniciativa, secundada por todos los demás integrantes de la Cámara, salvo EB, por la que el Parlamentó instará al Gobierno central a reformar en el Congreso la Ley de Divorcio para incluir la custodia compartida como preferente, incluso sin acuerdo entre los cónyuges. El primer Gobierno de Zapatero reformó esa ley en 2005 e introdujo la custodia compartida, pero muy restringida cuando solo la pide una parte.