El PP ampara a sus alcaldes del 'caso Orquesta' hasta conocer el sumario

El código ético del PP, que data de 1993 y cuyas disposiciones fueron incorporadas a los estatutos del partido, obliga a que sus cargos institucionales "asuman responsabilidades políticas cuando de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito". En Galicia, al igual que sucede en Valencia con el caso Gürtel, directamente no se aplica. El presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, echó ayer un capote a sus alcaldes de Fisterra, José Manuel Traba, y Mazaricos, José Manuel Santos, así como a los tenientes de alcalde de Fisterra, Santiago Insua y Ramón Redonda, todos cargos populares a los que el juez imputa los delitos de cohecho y prevaricación. La dirección del partido no les exigirá que abandonen sus cargos institucionales "hasta que se pronuncie la Justicia".

El código ético de los populares obliga a apartar a cargos públicos imputados

Los socialistas delegan la responsabilidad en su agrupación local

Hacerlo, separar a los cargos institucionales acusados de graves delitos por un juez mientras no haya una sentencia, es, según Feijóo, "una injusticia que no deben cometer ni los partidos, ni los medios de comunicación". La tesis del presidente gallego invalida de facto el código ético del Partido Popular. Fuentes cercanas al presidente gallego insisten en que a Feijóo no le temblará el pulso si se demuestra que alguien "metió la mano", pero prefiere esperar a que se levante el secreto del sumario o al menos a tener más datos sobre este presunto caso de corrupción que acumula ya 11 imputados en tres municipios de la Costa da Morte.

Ayer, el líder del PP apuntó como "un indicio" en favor de sus alcaldes, " que el fiscal pidiera para ellos libertad sin cargos". Pese a su afirmación, el juez decidió mantener los cargos para estos dos regidores que siguen en libertad provisional, con la obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado y a quienes ha prohibido salir del país. La tesis de Feijóo es permitir que, entre visita y visita al juzgado, los alcaldes en libertad provisional puedan seguir al frente de sus ayuntamientos, igual que los ediles imputados.

El PP no siempre ha tenido tanta comprensión con los regidores en dificultades. Nada más conocerse que un juzgado de Lugo imputó al alcalde socialista de Castro de Rei, por un caso similar que todavía no se ha resuelto, el portavoz del partido, Antonio Rodríguez Miranda, se apresuró a concluir que "la corrupción ha llegado al PSOE de Lugo".

Los socialistas también miran para otro lado, amparados en que su implicación se reduce a la condición de socios de gobierno del alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo. No falta quien se plantee un gesto de calado político y escaso precio institucional, como sería la ruptura del gobierno local a menos de cuatro meses de las eleccines. Pero la ejecutiva no moverá ficha. Fuentes socialistas afirmaron que esa decisión queda en manos de "los compañeros de Cee", quienes, a la vista de las declaraciones de confianza de la teniente de alcalde, Amancia Trillo, no parecen estar por esa labor. Tampoco la dirección provincial, de la que es secretario general Salvador Fernández Moreda.

La explicación en el PSdeG, oficiosa, es que no es el gobierno municipal el que está bajo la lupa judicial, sino el alcalde y su concejal de Obras. La intención de los socialistas consiste por lo tanto en "esperar" a que se aclare el panorama y mantenerse "a la expectativa", pero sin dejar caer el gobierno muncipal de Cee.