El constructor del 'caso Orquesta' admite que pagó a cargos municipales

"Tranquilidad, que no hay nada que ocultar", afirmaba, con amplia sonrisa, el constructor de Muxía Daniel Ogando durante una pausa de la jornada del martes, en que pasó a disposición judicial en Corcubión. Ni él ni su hijo Daniel, ambos imputados por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, rehuyeron las preguntas del juez que instruye este caso de corrupción en A Costa da Morte. Ambos reconocieron haber entregado sumas de dinero a cargos municipales. El padre confesó, en concreto, haber entregado 29.000 euros en metálico al alcalde independiente de Cee.

Algunos de los 11 implicados en la Operación Orquesta, entre ellos los regidores de Cee, Mazaricos y Fisterra y dos tenientes de alcalde de esta última localidad, empezaron a cantar. Unas declaraciones que dieron lugar a otras tres detenciones en la tarde noche del miércoles. Hoy, tras pasar dos noches en los calabozos de la policía en A Coruña, comparecerán ante el juez el edil de Obras Públicas de Cee, el independiente Juan Bautista Areas Lestón, conocido como Candiño, así como el alguacil del Ayuntamiento de Mazaricos, Benito Martínez Carreira. Este último, detenido en la noche del miércoles, compagina las funciones de conserje con la coordinación de las fiestas de A Fervenza de esta localidad.

En las últimas elecciones municipales, Martínez Carreira fue el número 11 de la lista del PP, que gobierna con mayoría absoluta en Mazaricos y cuyo alcalde, José Manuel Santos, también está imputado por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. La secretaria e interventora de este Ayuntamiento, Ana Reyes, también detenida el miércoles, quedó en libertad con cargos tras declarar ante el juez. A diferencia de los cinco cargos públicos implicados y del empresario del espectáculo Jorge López Lago, que se acogieron a su derecho a no declarar, la secretaria de Mazaricos y los Ogando prefirieron colaborar con la instrucción judicial, aunque supusiese también su incriminación.

1El constructor de Muxía y su hijo, dueño de Palcos Senande, evitaron su ingreso en prisión, tras declarar, pagando fianzas de 10.000 euros cada uno.

El supuesto pago de comisiones o prebendas a cambio de obtener trato preferente en la contratación de obras públicas así como la financiación irregular y recaudación sin declarar de dinero para las fiestas patronales en Cee, Mazaricos y Fisterra están en el meollo de esta operación que el juez comenzó a instruir en 2009. Ogando admitió haber entregado hasta 29.000 euros al alcalde de Cee, Ramón Vigo, y uno de los principales imputados, como un donativo para las fiestas de A Xunqueira.

El regidor se encarga personalmente de la comisión de unas fiestas que, según alertó la interventora municipal, no se fiscalizan ni antes, ni después de celebrarse. El donativo resulta cuantioso dado que la partida de las arcas municipales que dedicó el Ayuntamiento a las fiestas en 2009 fue de 42.000 euros. Los seis días de festejos costaron unos 150.000 euros en total, una suma que se cubre esencialmente con la recaudación de dinero entre los vecinos, los comerciantes, las feriantes que llevan atracciones y los ingresos de publicidad en una revista sobre el evento. Pero en el ayuntamiento no hay factura alguna de lo que se ingresó y se pagó para esas fiestas. Solo constan 800 euros pagados por los feriantes por la ocupación del suelo para sus atracciones. En Mazaricos, el conserje detenido se encarga de organizar las fiestas de A Fervenza.

Las declaraciones de los Ogando llevaron a la detención del edil de Obras Públicas de Cee. El juez, que abrió esta investigación contra la corrupción a raíz de conversaciones telefónicas grabadas en el marco de un caso de narcotráfico, ha comenzado a tirar del hilo pese a la negativa de los cargos públicos de declarar. Y ahora ya cuenta con más pruebas que las escuchas o la abundante documentación incautada.

En el registro de la constructora de Muxía, que acaparó en los dos últimos años obras de los tres municipios afectados, se incautó de numerosa documentación, incluida una libreta con anotaciones de pagos en B sin declarar al fisco. Por orden del juez, la policía también tomó declaración el miércoles a los empleados de la constructora, incluida la contable que estuvo tres horas con los agentes.