Haidar declarará en la Audiencia por genocidio en el Sáhara

La causa abierta en la Audiencia Nacional por genocidio y torturas cometidos en el Sáhara Occidental entre 1976 y 1987 vuelve a cobrar impulso cuatro años y medio después de que varias asociaciones de familiares de presos y desaparecidos presentaran la querella. La activista Aminetu Haidar y 13 refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf (Argelia) declararán los próximos 9 y 10 de marzo en el tribunal como testigos en el procedimiento. Se investiga a 13 altos responsables o ex responsables de la policía, entre ellos a su máxima autoridad, Hosni Bensliman, jefe de la Gendarmería Real, nombrado por el monarca y en el puesto desde 1985. Se trata del único alto cargo de la seguridad nombrado por Hassan II que continúa con Mohamed VI. Sobre Bensliman, condecorado en 2005 por el Gobierno con la Gran Cruz de Isabel la Católica por su contribución a la cooperación antiterrorista, pesa además una orden de detención internacional instada por Francia por su supuesta implicación en el asesinato del opositor Mehdi Ben Barka, en 1965.

Entre los investigados está el jefe de la Gendarmería Real

El juez Baltasar Garzón abrió el procedimiento en 2007, pero la instrucción quedó paralizada tras una comisión rogatoria cursada a Marruecos en octubre de 2008 y que jamás fue respondida. El magistrado pedía al reino alauí que notificara la querella a los implicados, preguntaba si los hechos habían sido investigados en Marruecos y solicitaba datos sobre la identidad de las víctimas y el lugar de inhumación.

El sustituto de Garzón, Pablo Ruz, reactivó en noviembre la investigación y ayer, con el informe favorable del fiscal, citó a los 14 testigos. El juez pide también que la gerencia le informe con carácter urgente sobre la posibilidad de anticipar el dinero que se daría como indemnización a los testigos por su traslado a España. Se trata de evitar que por cuestiones económicas no puedan viajar a Madrid.

La querella, presentada en septiembre de 2006, se dirigía en principio contra 31 marroquíes a los que se responsabilizaba de la desaparición de 542 personas después de que España abandonara el Sáhara Occidental en 1975. Garzón abrió diligencias en octubre de 2007, y redujo la lista de posibles implicados de 31 a 13. No era la primera vez que se ocupaba del asunto. Nueve años antes el magistrado recibió una querella presentada por genocidio del pueblo saharaui contra el rey Hassan II que no prosperó por la inmunidad de la que gozaba como jefe de Estado.