Educación no puede mantener a los 34 inspectores destituidos

Un total de 34 funcionarios de carrera del cuerpo de inspectores de Educación han dejado de serlo con la publicación el martes 1 en el DOCV de la ejecución de la sentencia del 24 de septiembre del Tribunal Superior de Justica, que obliga a anular la oposición de 2007, mediante la cual accedieron al cargo, tras haber sido nombrados a dedo -en su mayoría- en comisión de servicios. Esto representa, según un informe de la abogacía de la Generalitat, "la desaparición de más de un 20% de la plantilla de 130 inspectores" y, por tanto, "un quebranto al servicio público evidente". Dicho esto, el abogado advierte a la Consejería de Educación, que designó aquel tribunal irregular, de que no puede volver a nombrar a ninguno de ellos de forma accidental sin incurrir en "fraude procesal".

CC OO pide la destitución de los que aún ocupan jefaturas

"La utilización de la figura de inspectores accidentales (...) para mantener un statu quo en el que los inspectores afectados conserven sus puestos y destinos, como si la sentencia no hubiera sido pronunciada, mandada, dictada y publicada, podría ser un fuerte indicio de fraude procesal", advierte el informe del 28 de diciembre dirigido a la Subsecretaría Autonómica de Educación, que ocupa Mariano Vivancos.

El abogado de la Generalitat va más lejos e insiste en que "hacer coincidir de forma mimética a los inspectores accidentales con los afectados por la sentencia, sin un procedimiento objetivo y transparente, podría complicar la ejecución de la sentencia; el nombramiento de inspectores accidentales y, por ende, la prestación de la actividad inspectora por parte de la consejería".

El informe subraya que "ejecución de la sentencia y nombramiento de inspectores accidentales no pueden ser vasos comunicantes, so pena de poner en riesgo la ejecución de la sentencia, haciéndola aún más gravosa". Esto supondría una ejecución significativamente diferente de la que creó el PP en 1995 cuando llegó al poder y emprendió una batalla legal contra los 48 inspectores de carrera que habían opositado bajo el Gobierno autonómico socialista. Todos dejaron sus puestos y participaron en concursos forzosos de traslados tras perder el puesto de inspector y su destino.

El abogado pide "la aplicación de un proceso lo más transparente y objetivo posible para la selección de los inspectores accidentales", para cubrir ese 20% de la plantilla que está en el aire.

CC OO, que también recurrió y ganó otra sentencia en diciembre, pide que "la ejecución devuelva a los 34 afectados a sus destinos definitivos, en sus respectivos cuerpos docentes", y que no "haga la trampa de dejarlos en los puestos que estaban cuando fueron nombrados a dedo".

Este sindicato, a diferencia de Fete-UGT que pide una oposición abierta, recuerda que "la sentencia se retrotrae a la situación antes del nombramiento del tribunal ad hoc", por lo que solo está abierta a los aspirantes que participaron en la oposición de 2007. El sindicato pide también la "destitución inmediata" de los inspectores que siguen ocupando jefaturas, o recurrirá a la vía penal.