Una vía que la justicia paró en EE UU

Como determina su Constitución, EE UU censa sus habitantes cada diez años en los acabados en cero. Así ha sido desde 1790 para determinar cuántas personas viven en el país, sean ciudadanos o no. La Constitución manda contar a cada persona que vive en el país. Eso parece una labor imposible. Por ejemplo, los sin papeles suelen no contestar a las preguntas por miedo a pesar de que se insista en que esos datos no serán usados por la policía o inmigración.

La posibilidad de usar modelos estadísticos como muestreo despertó un agrio debate a finales de la década de los noventa, cuando la Administración de Bill Clinton quiso usarlo. En 1999, el Tribunal Supremo estableció que el muestreo no podía utilizarse para asignar los escaños del Congreso y el Gabinete de George W. Bush no lo usó en 2000 para extrapolar a la población que suponía se le quedaba sin contar.

La batalla por contar a la gente ha sido fiera en las últimas décadas, lo que da la medida del enorme poder en juego. El censo no solo se utiliza para determinar el número de congresistas de la Cámara de Representantes sino que también dicta cómo se reparten los 300.000 millones de dólares (217.000 de euros) en fondos federales y estatales que se le da cada año a las comunidades para salud pública, educación y transporte, entre otros.

La Oficina del Censo ha usado un cuestionario enviado por correo ordinario que se devuelve una vez rellenado. Además, con el objetivo de llegar a cuanta más población posible, envía agentes contratados para la ocasión a entrevistar en sus casas a quienes no han respondido al cuestionario, o que viven en residencias de ancianos, vagabundos, presos...