Cajas a ritmo de vértigo

La reforma de las cajas de ahorros se ha demorado durante más de dos años, a pesar de que muchas voces reclamaban un cambio urgente, conscientes de que la debilidad de las cajas iba a pesar gravemente sobre la solvencia del sistema bancario y, al fin y a la postre, sobre la fiabilidad de la deuda española. En los últimos dos años se ha cerrado un proceso de fusiones formales, que ha reducido el número de cajas de 40 a 17. Pero quedaba pendiente la operación principal: recapitalizar las entidades, lastradas por activos inmobiliarios muy dañados. El Gobierno, molesto por tanta pereza, ha establecido unas condiciones muy duras de recapitalización con el fin de despejar todas las dudas sobre la solidez bancaria española. Bancos y cajas tendrán que contar con un 8% de capital básico; las entidades que no coticen en Bolsa (cajas) deberán subir el porcentaje hasta un nivel de entre el 9% y el 10%, y las que no puedan cumplir el requisito de solvencia recibirán capital público en forma de acciones, para lo cual tendrán que convertirse en bancos. Es lo que se ha definido como "nacionalización", aunque conviene precisar que tiene una caducidad de cinco años.

Este plan de rescate merecía aplausos, por la decisión de acabar de una vez por todas con una historia interminable, y algunos reproches de mayor cuantía. El primero y más de fondo es que el deterioro de los balances de las cajas no se produjo de la noche a la mañana; fue avanzando bajo la mirada de las autoridades bancarias, que poco o nada hicieron para evitarlo, salvo las advertencias retóricas de rigor. Muy pocas cumplen hoy con los requisitos de capital básico del 8%. El Gobierno y el Banco de España merecen una segunda reconvención, que es la de no tener en cuenta que el mercado financiero no está en situación de facilitar capital fresco, y más para entidades comprometidas con prestamos dudosos (o mal precisados) en la burbuja inmobiliaria. Las condiciones oficialmente establecidas equivalían a una inyección obligada de capital público en casi todas las fusiones virtuales. Es un contrasentido suponer que los mercados, cuyas dificultades han contribuido a causar la crisis financiera, fueran a responder con capital para restaurar las condiciones de solvencia de las cajas.

Incluso cabía un tercer reproche, ahora innecesario, puesto que el Gobierno había aplazado hasta septiembre la aplicación de los procesos de recapitalización. Pero no tenía sentido que, conociendo la imposibilidad real de obtener recursos en el mercado, se sometiese a las cajas a ocho meses de búsqueda torturante de agua en un desierto. Parece que el Gobierno ha rectificado e iniciará la recapitalización con dinero público a partir de marzo. Es una buena decisión; la inyección de capital aumentará la credibilidad de las cajas en los mercados y atraerá capitales. La Caixa y Catalunya Caixa ya han anunciado su decisión de convertirse en bancos, prueba de que las cajas empiezan a entender la importancia del tiempo. El Gobierno y el Banco no tienen margen ya para más errores.